Una reforma de las pensiones insostenible a largo plazo

Ya está sobre la mesa la reforma de las pensiones, que tiene ahora que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Se oficializó esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras publicarse el decreto ley que desarrolla la segunda fase, con la que se pretende elevar los ingresos del sistema para garantizar la sostenibilidad para los próximos 25 años, en los que se debe hacer frente a la jubilación de la generación «babyboomer». Una reforma de la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió ayer de estar «muy orgulloso» porque «da impulso a la paz social». Sin embargo, únicamente el Ejecutivo, encabezado por el hacedor principal de los cambios en el sistema, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cree que esta reforma da sostenibilidad a las pensiones a largo plazo. Son innumerables los expertos y los organismos independientes que han mostrado sus dudas y han cuestionado su viabilidad.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que esta reforma «condena al componente contributivo a un déficit básico –antes de transferencias– elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas», por lo que exigirá «cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales, que podrían dejar poco margen para otras prioridades».

Fedea calcula que en torno a 2050 se tendría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF, que en 2019 fue del 7,56% del PIB. «Tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población», advierte en su informe. De acuerdo con lo aprobado, las bases máximas de cotización experimentarán un incremento acumulado del 38% en términos reales (tras ajustarlo por la inflación), mientras que las pensiones máximas sufrirán una «cuasi congelación», pues su subida acumulada hasta 2050 será del 3,15%, ambos incrementos medidos a precios constantes.

Fedea asegura que las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones –la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad– generarán un «fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones». De hecho, apunta que, de acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, el incremento del gasto en pensiones y, por tanto, del déficit ordinario del sistema contributivo generado por estas medidas se situará en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050.

Unas apreciaciones que comparte también BBVA Research, que cree que esta reforma «no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo» porque lo que hace es descansar todo el ajuste del sistema a largo plazo sobre el aumento de las cotizaciones sociales. «Supone aumentar los impuestos sobre el trabajo y esto tiene efectos negativos sobre el empleo y la inversión de las empresas», advierte el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech. Según sus estimaciones, por cada punto porcentual de PIB de aumento de cotizaciones sociales se reduce el PIB y el empleo respectivamente en un punto porcentual.

Pero Escrivá, responsable máximo de esta reforma, sigue insistiendo en que las cuentas salen, que el sistema esta garantizado y que el sobreesfuerzo que se exige a empresas y trabajadores en coste laboral «es totalmente asumible». Según defiende, este coste solo pasará desde los 23,4 euros por hora trabajada a un total de 23,8 en el horizonte de 2050, lo que representa un incremento del 1,6% en poco más de 25 años. «Los números son los que son, y lo demás son hipérboles», advierte. Para defender las sostenibilidad de los ingresos del sistema, el ministro lo ha sustentado en tres patas: el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la ampliación de las bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad.

Vamos por partes. La actual sobrecotización del MEI, del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB. Los ingresos del MEI irán destinados a engordar la «hucha de las pensiones», con los que se pretende acumular hacia mediados de los años 40 130.000 millones de euros, –en su previsión más optimista–, el doble de los 68.000 millones de euros que tuvo en 2011. Estos fondos se irán desembolsando entre principios de la década de 2030 y hasta los primeros años de 2050 para compensar tensiones financieras.

Respecto a la cuota de solidaridad sobre los salarios que superen la base máxima: esta cuota se aplicará por tramos salariales desde 2025 a 2045, fecha en que el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando el salario sobrepase la base máxima en un 50%. Esta cuota solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos, en principio. Finalmente, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050.

Para Fedea, el Gobierno pierde la oportunidad de asegurar su «sostenibilidad», después de que en la primera fase aprobase una serie de medidas que causarán «un fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones». A su juicio, las medidas de la segunda fase «deberían haber servido para cerrar el grueso de esta brecha de ingresos». Sin embargo, lamenta que «estas medidas compensatorias adoptadas son claramente insuficientes». Sobre todo, el estudio deplora que, con el modelo dual de cálculo de la pensión inicial –que permitirá al trabajador escoger entre los últimos 25 años de actividad o 29 años sin contabilizar los dos peores–, el Gobierno «renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo», además de incrementar el gasto, «pues solo optarán por el periodo de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta».

Respecto al resto de medidas de ingreso previstas –las tres patas–, vaticina que su impacto «será muy limitado porque se concentran en un segmento muy reducido de la masa salarial, el que corresponde a aquella parte de los salarios que se sitúa por encima de la actual base máxima de cotización, que solo supone un 2,6% del PIB y un 5,3% de las rentas totales del trabajo». Asimismo, augura que incrementará la recaudación solo en 0,68 puntos de PIB, «una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto». Ninguno de ellos generaría ahorros significativos a largo plazo. En el mejor de los casos, elevaría «el efecto conjunto de las medidas en un punto del PIB en 2050». Además depende de que el empleo mantenga unos ratios muy altos que sustenten la elevada cotización.