El Gobierno de Argentina podría haber presentado una propuesta mediante la cual estaría dispuesto a pagar 15.100 millones de dólares (unos 14.150 millones de euros al cambio) por la condena de 16.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios a la que fue sentenciado el país en un juicio en Estados Unidos por la renacionalización en 2012 de la petrolera estatal YPF por parte de Cristina Fernández de Kircher.

Del importe total que debe abonar Argentina, más de 11.000 millones corresponderían al fondo Burford, financiador del pleito, y el resto lo percibirían Repsol (con unos 1.500 millones) y algunas sociedades de la familia argentina Eskenazi, próxima al presidente Néstor Kirchner y que entró en el accionariado por exigencia del matrimonio Kirchner. Las sociedades españolas de los Eskenazi llegaron a atesorar una cuarta parte de las acciones de YPF sin poner capital propio, ya que compró su paquete con préstamos de Credit Suisse y de la propia Repsol con las acciones de la petrolera como garantía.

En un principio, la firma Burford había declarado que el Gobierno argentino se negaba a pagar, tras advertir que iba a apelar la decisión del Tribunal del distrito de Manhattan. Sin embargo, Argentina ha reconocido finalmente el fallo, aunque ahora deberá negociar con la otra parte.

Estos fondos reclamaban que, en el momento de la nacionalización de YPF, en 2012, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.

"El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada pero no lo hizo", recogía la sentencia.

Esta condena, conocida el pasado viernes 8 de septiembre, supone un duro golpe en un momento en el que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria, con una elevada inflación y gran inestabilidad monetaria.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, publicó el pasado viernes la sentencia en firme que condena al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares (14.998 millones de euros) al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF.

La condena obliga a Argentina a pagar la mayor indemnización posible a Burford Capital, que impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, antes pertenecientes al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía un 25% de acciones en YPF-, al que se sumó Eton Park -fondo estadounidense que tenía el 2,9 % de YPF.

La jueza Preska, en su fallo de este viernes, detalla la cantidad que Argentina deberá pagar a los propietarios de los derechos de Petersen (14.385 millones de dólares para el fondo Burford) y a Eton Park (1.714 millones de dólares) en concepto de "ruptura de contrato".

Sin embargo, desestima "todas las demás reclamaciones" de ambas sociedades contra el Estado argentino, basadas en presuntos delitos como ruptura anticipatoria y ruptura del compromiso de buena fe y del acuerdo justo. Preska ordena además que con la sentencia de hoy se considere que "el caso está cerrado".

La expropiación de YPF ocurrió durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y con el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.

El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol; unos días después, el 3 de mayo, el Congreso del país suramericano aprobó la ley de expropiación de YPF.

En su fallo del pasado viernes, la jueza dio la razón a Burford, porque consideró que Argentina tomó el control el 16 de abril (y no el 7 de mayo, cuando se publicó la ley de expropiación); la tasa de interés que debe aplicarse es 8 % (y no 0 %, como pretendía Argentina) y que el P/E ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para el demandante.

Mientras Argentina estimaba que le correspondería abonar cerca de 5.000 millones de dólares, la reclamación de la acusación por valor de 16.000 millones prevalecerá.