Las promesas incumplidas del Plan de Vivienda

El Gobierno anunció a bombo y platillo en 2023 durante la campaña de las elecciones autonómicas un plan que prometía movilizar 184.000 viviendas asequibles para abordar el grave problema de acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables. No obstante, hasta la fecha, no se ha construido ninguna vivienda bajo este plan. Si bien algunos inmuebles existentes han sido reorientados hacia el alquiler social, estos representan menos del 50% de lo inicialmente prometido. Así lo revela el informe de la Fundación Civismo “La Ley de Vivienda: dos años después”, en el que analiza el impacto que la Ley 12/2023 ha tenido sobre el mercado.La normativa no solo no ha servido para moderar los precios, sino que, por ejemplo, solo los del alquiler se han disparado un 13,5% en el último año.

El informe sugiereque es necesario impulsar un nuevo modelo de vivienda protegida más innovador, y que sea seguro para los inversores, rentable para quienes lo ejecutan y accesible para las rentas medias. “España cuenta con apenas un 2,5% de su stock de vivienda destinado a la protección oficial o vivienda asequible, frente al 9,3% de la media europea. La oferta debería crecerun 7,5% anual para poder acercarse al promedio comunitario”, señala el informe.

La fuerte demanda de vivienda con el consiguiente incremento de los precios se explica por el crecimiento demográfico debido a los flujos migratorios, que ha hecho ganar a España 1,1 millones de habitantes entre 2021 y 2024, y la concentración de la población en ciertas áreas geográficas. En tres años,el número de hogares ha experimentado un aumento promedio anual de 259.167 unidades. Sin embargo, se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas al año. Si esta tendencia se mantiene y se suman los bajos niveles de construcción actuales, se estima que para el año 2035 harán falta 2,5 millones de viviendas.

La razón fundamental que está detrás de la escasez de producción de vivienda es la falta de suelo. Lafalta las parcelas disponibles en zonas con alta demanda alcanzan precios desorbitados. Este hecho, junto con el incremento de los costes de la construcción, que han aumentado un 30%, como consecuencia de la falta de mano de obra cualificada y el incremento de los precios de los materiales en los últimos años, ha ocasionado la reducción de los márgenes del promotor y, por tanto, la disminución en las cifras de construcción de vivienda. En este sentido, la Fundación Civismo insta al Gobierno a que tome medidas efectivas que alivien la situación con una nueva Ley del Suelo.“La Administración Pública no tiene capacidad para producir el número suficiente de viviendas que solvente el problema existente, pero debe proporcionar soluciones alternativas que mejoren la situación, como la búsqueda de facilidades que permitan poner más suelo en carga”, destaca el análisis.

Pero, además, las políticas que priorizan la función social de la propiedad por encima del derecho a la misma también han tenido efectos perversos sobre el mercado, ya que han provocado un descenso de la oferta de vivienda en alquiler. En consecuencia, los propietarios han optado por modelos de arrendamiento más flexibles y menos regulado.Por ejemplo,en Barcelona, el 30% de los contratos de alquiler firmados en el último año corresponden a este tipo de modalidades; mientras que en Madrid representan el 15%, y en Málaga y Valencia, el 13%.