La presión fiscal en España está en niveles, récord, pese a que desde el Gobierno insisten en que estamos por debajo de la media europea y hay margen para seguir elevando los impuestos, sobre todo a la clase media. Trabajadores y empresarios han afrontan un esfuerzo fiscal casi un 18% por encima de la Unión Europea, con una presión fiscal del 39%, a solo un punto de la media comunitaria. Este incremento de la carga tributaria ha llegado por la introducción de nuevos tributos y por la reforma o la transformación al alza de los ya existentes, con una afectación directa sobre la tributación y la cotización empresarial, el ahorro y la inversión.

El IEE, en su informe sobre la «Competitividad fiscal 2023», con datos de Eurostat, ha constatado que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5%, que combinadas suponen un 12,2% del PIB, muy por encima de la media de la UE, que es de un 3,3% en Sociedades y un 7,1% en cotizaciones sociales a cargo de las empresas, es decir, el 10,4%. Esto ha provocado que, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, la presión fiscal en España –entre 2018 y hasta el cierre de 2023– haya aumentado en casi 140.000 millones de euros, un incremento de más de un 4% del PIB, mientras el PIB nominal solo ha aumentado en 255.000 millones.

Esta presión fiscal se ha sentido especialmente en cuatro principales figuras tributarias –IRPF, IVA, impuesto de Sociedades e Impuestos especiales (IE)– y ha superado los niveles máximos alcanzados en 2007, justo antes de la crisis financiera, cuando la presión fiscal llegó con esos cuatro impuestos al 18% del PIB. Ahora, ya está en el 18,2%, según confirma Funcas.

Esto ha llevado a que Hacienda haya batido cada año sus récords de recaudación, margen que no se ha traducido en una rebaja del ostensible déficit por el desmesurado gasto acumulado. Según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) esta misma semana, el gasto público había alcanzado hasta julio los 193.235 millones, cifra superior en un 5,7% a la registrada en los siete primeros meses de 2023. Los recursos no financieros –es decir, los ingresos del Estado– se situaron en 151.225 millones, un 4,7% más respecto al mismo periodo de 2023, de los que los correspondientes a impuestos alcanzaron los 124.329 millones, en torno al 82% del total de los recursos, con un crecimiento del 6,9% y un nuevo récord, impulsado en parte por la negativa a deflactar el IRPF pese a la presión ejercida por la inflación.

Pero para el Gobierno no es suficiente. Necesita más madera para hacer frente a los gastos de sus políticas sociales. Y, ¿cómo se va a pagar? Pues según aseguró el dúo Sánchez-Montero, lo pagarán los ricos, aunque no definieron claramente qué entiende el Gobierno por ser rico. Hablaron de «los del Lamborghini» y de los que «tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas». Pero solo con ellos no se alcanza la recaudación que buscan. Para eso está la clase media. «Hacienda trabaja permanentemente en que los que más tienen paguen más. Ya sean particulares o empresas», dijo el presidente orgulloso. De momento, tiene en su hoja de ruta hacer permanente el impuesto temporal a las energéticas y a la banca, y pretende aprovechar el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas como cuña contra las comunidades del PP, a las que ha obligado a elevar Patrimonio para que esos ingresos no se vayan a las arcas de Hacienda y a las que quiere impedir que bonifiquen otros tributos, como Sucesiones y Donaciones, para evitar el supuesto «dumping fiscal».

Sabemos seguro que se preparan nuevas subidas del IRPF a las rentas del trabajo más elevadas –por encima de 200.000 euros–, y a las que estén por encima del mínimo exento. Pero Montero tiene guardadas más sorpresas, aunque quiere evitar la «mala prensa» y no elevará la presión fiscal de forma directa y lo hará a través de una tributación encubierta. ¿Cómo? Pues eliminando beneficios fiscales, suprimiendo las exenciones que quedan todavía en vigor de la pandemia y de la crisis de Ucrania y, sobre todo, a través de IVA, recortando los productos con tipo de IVA reducido y acercándolos al general, y recuperando los que han bonificado por las subidas del IPC. El propio Sánchez ha hablado directamente de «reformular figuras impositivas actuales», como Sociedades, para «evitar las deducciones fiscales que agujerean este tributo y llevan a un rendimiento más bajo del deseado».

La nueva escalada de las cotizaciones sociales y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que seguirán creciendo, o la supresión de la rebaja del IVA en los alimentos básicos son otros elementos que elevará las presión fiscal. Además, el Ejecutivo tiene que cumplir con su socio de Gobierno, y para ello también maneja elevar la fiscalidad sobre los productos de lujo –como los yates y los vehículos deportivos–, que pueden soportar una carga mayor, aunque ya cuentan con el rechazo de esos sectores, que verían amenazados sus negocios. También podría incrementarse la fiscalidad a los fondos de inversión y a los inversores inmobiliarios, y la presión sobre los centros de educación y sanidad privados, sobre los que se estudia retirarles la exención del pago del IVA –desde los años 80 en el 0%– y elevarlo en una primera fase al menos a un tipo reducido. Montero también ha puesto su punto de mira sobre el ahorro, la inversión y la riqueza inmobiliaria de los hogares y fondos, tras asegurar que está trabajando en un «proyecto fiscal que planteará los próximos meses».

Ahora mismo, España ocupa el sexto puesto de la OCDE en los que el peso de los impuestos en relación con la riqueza subió más, ya que la relación entre el peso de los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social con el tamaño de la economía española se incrementó en 1,7 puntos porcentuales, frente al aumento de medio punto porcentual para el conjunto de las economías más desarrolladas. Eso significa que prácticamente triplicó el aumento tributario respecto al resto de países, situando la presión fiscal en el 38,4%, frente al 36,7% del año 2020, superando así la media del 34,1% en la OCDE, donde el peso de los impuestos aumentó desde el 33,6% correspondiente a 2020. Si el «plan Montero» sale adelante, el país se colocará con toda seguridad en el podio tributario.

Para los expertos del Esade, las dos últimas reformas fiscales del Ejecutivo, aprobadas supuestamente para reducir la fiscalidad de las menores rentas, «amortigua el impacto de la inflación en la tributación» de las rentas más bajas, pero «genera distorsiones, asimetrías y situaciones injustas en el IRPF, además de impedir la universalización de la declaración, sobre todo entre las rentas medias». Para Fedea, España es directamente el país de la Unión Europea en el que más subió la presión fiscal tras la pandemia, 2,9 puntos.