El plan fiscal enviado por el Gobierno a Bruselas se tambalea

Al Gobierno se le complica su plan de convertir en permanente el impuesto temporal y extraordinario a las grandes compañías energéticas para cuadrar las cuentas públicas de los próximos años. Uno de los apoyos que necesita para sacarlo adelante, Junts, no apoyará la medida si pone en riesgo inversiones en Cataluña. Así lo aseguró ayer en declaraciones a los medios en el Congreso la portavoz de la formación secesionista en la Cámara Baja, Miriam Nogueras. «No hay ninguna propuesta pública por parte del Gobierno español todavía», dijo Nogueras. No obstante, quiso dejar «clarísimo» que desde Junts no van a facilitar «que se apruebe nada que ponga en riesgo cualquier inversión de cualquier tipo en Cataluña, y en concreto en Tarragona».

La alusión a Tarragona de Nogueras no es al azar. Repsol ha asegurado en los últimos días que mantendrá congeladas las dos grandes inversiones que tiene previstas en Cataluña, ambas en la provincia de Tarragona y valoradas en 1.100 millones de euros, si el impuesto a las energéticas acaba siendo permanente.

La compañía también ha confirmado que su filial Petronor mantiene congelado otro proyecto en el País Vasco de 200 millones de euros. En el caso vasco, el Gobierno sin embargo ya ha llegado a un acuerdo con el PNV para que el impuesto sea recaudado por el Ejecutivo autonómico en el marco de sus competencias y pueda ser de esa forma ser bonificado. Un movimiento que despierta recelos entre los empresarios catalanes.

Sánchez cuenta con esos ingresos para cuadrar las cuentas de los próximos años y su frenesí de gasto

No sacar adelante este impuesto supondría un importante revés para los planes fiscales del Gobierno. En el plan de ajuste enviado a Bruselas se recoge su conversión a permanente, así como el de la banca, como palancas para incrementar en 5.000 millones anuales la recaudación los próximos siete años y cumplir así con las reglas fiscales. Sólo la no inclusión del impuesto a las energéticas recaudó el año pasado 1.164 millones.

La postura de Junts complica todavía más las dificultades que ya estaba teniendo el PSOE con su socio de Gobierno, Sumar, para hacer permanente la medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 y que, en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023. De hecho, estaba previsto que ayer terminase el plazo de enmiendas al proyecto de ley sobre la imposición de una tributación mínima a multinacionales que traspone una directiva europea y en el que se iba a incluir una para hacer permanente el impuesto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha ampliado el plazo hasta el próximo día 30 de noviembre para tener más margen de maniobra en la negociación.

Tanto el impuesto a las energéticas como a la banca tendrían que estar incorporados al sistema tributario antes de fin de año si el año que viene se quieren recaudar con cargo a este ejercicio. En el caso de que no diera tiempo a hacerlo antes de fin de año, una opción para evitar que decaigan sería prorrogar una vez más ambas figuras como gravámenes temporales, aunque también esto requeriría del aval del Congreso.

Medida sin impacto

Desde el Ejecutivo consideran que hacer permanente el impuesto no dañará el sector. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó ayer desde Toronto que tanto este gravamen como el de la banca no han impedido que en 2023 el país fuese el número uno del mundo en inversiones de energía renovables o que los dos sectores tuvieran resultados récord. No obstante, aseguró que lo que el Gobierno está valorando es cómo conseguir el equilibrio entre «impuestos que contribuyan, a través de una mayor progresividad, a financiar el Estado del bienestar pero también que ayuden a mantener ese esfuerzo inversor que vamos a necesitar».

Desde el sector, sin embargo, no tienen la misma percepción de que el impuesto no vaya a hacer daño y han advertido de que el impuesto complicaría los objetivos de inversión recogidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que contempla que las empresas privadas movilicen 282.000 millones de euros hasta 2030.

Las compañías ya se pronunciaron en contra de la configuración actual del gravamen, que recurrieron en los tribunales a nivel individual y de asociación sectorial, como sucedió, por ejemplo, con la patronal eléctrica Aelec, que integran Iberdrola, Endesa y EDP.

"Discriminatorio e injustificado" fueron los adjetivos con los que Aelec describió por entonces al popularmente conocido como 'impuesto energético'. Unas palabras en línea con la opinión de Repsol, que en multitud de ocasiones lo ha tachado de "inconstitucional, injusto e ilegal".