La OCDE carga contra el nuevo sistema de cálculo de las pensiones por su insostenibilidad

Varapalo a la reforma de las pensiones promovida por el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) critica duramente el cambio en el periodo de cálculo de la pensión porque "supone un aumento del gasto para el sistema" sin que se produzca la "cobertura de ese gasto extra", únicamente para lograr "una mejora de los beneficios para los pensionistas hasta el año 2044", por lo que no se garantiza la sostenibilidad del sistema durante las próximas dos décadas".

Así los especifica el último informe de la OCDE sobre pensiones ("Las pensiones de un vistazo 2023"), en el que se analiza la situación de los sistemas de pensiones en los países miembro y en el que se cita a España en 145 ocasiones durante un análisis exhaustivo, que carga especialmente contra el cómputo de la carrera profesional que se emplea para la pensión en la segunda fase de la reforma de pensiones aprobada en marzo por el Gobierno con el respaldo de los sindicatos y con el rechazo "frontal" de la patronal CEOE, pese a ampliar este plazo de 25 a 29 años, pero descartando los dos ejercicios peores.

El informe critica que la reforma, acometida por el Gobierno entre 2021 y 2023, supondrá un "mayor incremento de los gastos que el crecimiento esperado de los ingresos", en línea con el planteamiento que ya adelantó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), al advertir de un aumento del déficit de un 1,1% para 2050 al basar la reforma en el "aumento de las contribuciones sociales", que "sólo se compensan en pequeña medida con el aumento de sus pensiones". Así, asume los cálculos de la Airef, que estiman que estas medidas adicionales -como la reforma de las cotizaciones de los autónomos, el aumento de las bases máximas de cotización a un ritmo superior a la inflación, la "cuota de solidaridad" que abonarán los salarios más altos y el incremento del "mecanismo de solidaridad intergeneracional", sobre todo a cargo de las empresas-, sólo aportarán el equivalente de un 1,3% del PIB en 2050, una cifra que no cubriría el aumento del gasto en las pensiones, que van a crecer en un 2,4% del PIB "por la indexación de la subida anual con la inflación", una diferencia de más de 1,1 puntos -casi el doble de gastos que de ingresos-, el equivalente a más de 13.000 millones de euros. Por tanto, la OCDE advierte de que estos ingresos adicionales "sólo cubren parcialmente los crecientes gastos derivados principalmente de la reintroducción de la indexación".

Los analistas de la OCDE destacan que el sistema beneficia a los trabajadores a la hora de jubilarse, pero alerta de que en las dos próximas décadas este mecanismo "sólo aumenta los beneficios, pero no cubre los gastos", manifestando la insostenibilidad del sistema en el tiempo. "En lugar de introducir un cambio significativo se optó por una pequeña extensión y un largo periodo de transición con impactos poco claros". Asimismo, censura que el cálculo de la jubilación se haya restringido a sólo unos años y recuerda que "la mayoría de países desarrollados tienen en cuenta toda la carrera profesional completa para la cuantía de la pensión". Los únicos países que todavía continúan calculando las pensiones con una parte de la vida laboral son, además de España, Colombia (10 años), Eslovenia (24), Francia y Costa Rica (25), Estados Unidos (35) y Portugal (40).

El gasto en pensiones en España supone ya el 12,3% del PIB, una cifra "muy por encima" de la media de la OCDE (8,9%) y "mucho más" de la correspondiente a la Unión Europea (8,5%), aunque hay dos países europeos que están por encima, Francia (14,8%) e Italia (15,4%). En este sentido, las proyecciones de la Comisión Europea anticipan que ese gasto para las arcas públicas españolas aumentará hasta 2050 hasta el 13%, la subida más pronunciada en el conjunto de la OCDE, que será del 10,2%, por lo que las pensiones españolas serán con la reforma las más generosas de la OCDE.

Tampoco ve con demasiados buenos ojos la OCDE que la reforma haya derogado el factor de sostenibilidad -introducido con la reforma de 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy-, pese a que reconoce que "llevaba varios años sin aplicarse de facto", porque ha provocado que se hayan tenido que improvisar "medidas alternativas" por la presión ejercida desde la Comisión Europea para asignar los fondos de recuperación, aunque tiene dudas sobre su eficiencia porque estas medidas se han limitado a aumentar los ingresos por una subida de las cotizaciones. Especialmente críticos se han mostrado con la sobrecotización aprobada para las rentas más elevadas, que no tienen una contraprestación futura que se refleje en una mayor pensión. Además, no tiene claro que la aportación de empleados y empresas a la conocida como "hucha de las pensiones" a través el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) vaya a solucionar el problema de sostenibilidad del sistema.

Respecto a la tasa de reemplazo -el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos del trabajador en activo-, ésta alcanzará el 80,4% con la implementación total de la reforma, frente al 50,7% de media en la OCDE. Únicamente Grecia presenta una tasa de reemplazo más generosa en términos relativos, con una pensión equivalente al 80,8% del sueldo bruto, ambos muy superiores a países como Francia (57,6%), Alemania (43,9%), el Reino Unido (41,9%) o Estados Unidos (39,1%).

Al menos, el informe destaca que la reforma de pensiones ha contribuido a que en los últimos años se haya "reforzado la protección de las pensiones más bajas", al tiempo que se han introducido "incentivos para tratar de demorar el momento de la jubilación".

Finalmente, el informe incide en que el principal reto que afrontan los sistemas de pensiones es el envejecimiento de la población. De acuerdo con las proyecciones actuales, el peso de los mayores de 65 años en el conjunto de los países miembros va a pasar del 18% en 2022 al 27% en el horizonte de 2050. La edad "normal" media en la OCDE a la que una persona puede jubilarse con un periodo de cotización completo si ha empezado a trabajar a los 22 años es de 64,4 años, y subirá a 66,4 años para los que comienzan su carrera laboral ahora. En España, esa edad con la reforma de 2023 se mantiene sin cambios en los 65 años, pero en algunos países que tienen mecanismos de ajuste en función del aumento de la esperanza de vida, como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia, se situará en el futuro en 70 o más años.