La paz dentro del Gobierno ha durado un mes justo, el que ha pasado desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno y sus ministros tomaron nueva posesión de sus cargos. El impuesto extraordinario a la banca ha abierto una nueva guerra entre los dos socios de Gobierno, que ha vuelto a dejar en evidencia la relación entre las vicepresidentas, con posiciones diferentes, e incluso contrapuestas, en este asunto. El nuevo campo de batalla se desató ayer cuando la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció sin tapujos que la configuración del tributo bancario a sus beneficios extraordinarios debe replantearse «teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado» y ya «no se está ante el mismo escenario de tipos de interés».

En declaraciones en Antena 3, Calviño explicó «que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés ni esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no».

La ministra se alinea así con el informe de la Comisión Europea presentado a principios de este mes analizó la intervención de emergencia aprobada en la UE para hacer frente a los altos precios de la energía, y que puso en duda que se mantengan esos impuestos por los motivos que los justificaron: por los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. El documento aseguraba que «el descenso de los precios de la energía y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022».

En concreto, la Comisión exponía que «el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022, ya que las empresas tienen que componerse con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes». Por eso, Calviño reconoció ayer que aunque fue una «buena decisión», ahora ha llegado la de «revisar y ver si hay que ajustar los dos impuestos y con qué parámetros, de cara a que sigan teniendo el mismo impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista económico».

Esta postura anunciada por Calviño choca con lo que hasta ahora defendía desde Hacienda María Jesús Montero y, por supuesto, el socio del PSOE en el Gobierno, Sumar.

Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que sí estaban dispuesto a reevaluar el impuesto extraordinario a la banca, pero sólo para determinar si hubiera algún fallo en su configuración legal, pero no se preveía «replantearlo como sí se va a hacer con el impuesto a las energéticas, al haber sufrido un descenso en sus beneficios extraordinarios». Las mismas fuentes aclararon que «no es el mismo caso el de la banca», ya que en el sector bancario «no son necesarias inversiones» y, por tanto, «no debería someterse a ningún un rediseño», aunque al menos admitieron que sí se evaluará por si se detecta «algún aspecto que no ha funcionado bien».

Por su parte, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, descarta cualquier cambio en la configuración de este impuesto, además de volver a reclamar que se convierta en un tributo de carácter indefinido, y recordar que así está recogido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, que debe ser «cumplido» y «no nos vamos a mover de ahí». Díaz respondió directamente a Calviño que «pacta sunt servanda (lo pactado, obliga). Acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, los que más tienen, más tienen que aportar».

En este sentido, aseguró que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son «absolutamente contundentes. Por tanto, el impuesto es ahora más necesario que nunca». La ministra reiteró que van a seguir defendiendo el mantenimiento del impuesto a las entidades financieras y, «por supuesto», a las entidades energéticas.

El sector energético ha venido advirtiendo de los potenciales efectos para la actividad industrial que puede tener la prolongación del impuesto extraordinario –que firmaron PSOE y Sumar en su pacto de legislatura–, y por eso avisaron de que ponían en suspenso sus inversiones multimillonarias previstas. Recientemente, Repsol anunció que las inversiones en hidrógeno que prevé en España se las llevaría fuera si hay un impuesto a la producción que en otros países como Francia o Portugal no existe. Hacienda tiene previsto recaudar casi 3.000 millones de euros con la vigencia durante dos años del impuesto extraordinario a la banca, y una cifra similar entre las energéticas.

La bronca se extendió ayer a la batalla que mantienen Calviño y Díaz a cuenta de la reforma del desempleo. La vicepresidenta económica le recordó a la de Trabajo que «la reforma del subsidio por desempleo no es una cuestión solo del Ministerio de Trabajo, sino que afecta muy directamente a Seguridad Social y a Hacienda» y, por supuesto a Economía. La respuesta a continuación de Díaz fue contundente: «Un Gobierno progresista no se puede plantear recortar los derechos de los trabajadores».