Las nuevas exigencias laborales y medioambientales han disparado en torno al 50% los gastos generales para las constructoras durante los últimos 20 años, según un informe publicado hoy por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

La patronal asegura que obligaciones en materia laboral como la implantación de sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias, el incremento de ciertas cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos de “segunda ronda” que acarrean los sucesivos incrementos del Salario Mínimo hacen que el actual porcentaje del 13% que, salvo alguna excepción, pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación resulte a todas luces insuficiente. En este sentido, el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, ha asegurado, a modo de ejemplo, que la patronal ha analizado once contratos de la Dirección General de Carreteras, Adif y de alguna otra administración para un futuro informe que están elaborando sobre costes indirectos y que la conclusión que han extraído es que los gastos generales van del 14,63% al 21,96% del presupuesto de ejecución material, aunque en la gran mayoría están por encima del 17%.

La CNC ha recordado que la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes de las materias primas asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración. Alén ha asegurado que los precios de los materiales han subido entre 2020 y 2021 tanto como entre 2007-2020 y entre 2021 y 2022 tanto como en el periodo 2005-2020.

Ambas circunstancias, según las constructoras, desembocan en que a las compañías "no les salgan las cuentas", como ha dicho Alén, y en que ya hayan informado al Gobierno de que seguirá habiendo un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas, lo que reduciría la competencia empresarial. Según los últimos datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo de 2023, 318 licitaciones quedaron desiertas, no ejecutándose obra por valor de 189 millones de euros. En 2022, casi el 10% (9,93%) de obras quedaron desiertas.

Propuestas

Para evitar un posible parón de la contratación pública, la CNC ha propuesto modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16 y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, lo que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.

La patronal ha asegurado que aunque las empresas contratistas de la administración vienen adoptando medidas de optimización de costes y mejoras tecnológicas que aumentan su productividad y eficiencia, no pueden compensar por sí solas el incremento de los gastos de estructura acumulado a lo largo de los años para cumplir con las nuevas exigencias, lo que "erosiona su competitividad, lastra el acceso al mercado de la contratación administrativa y, en última instancia, agrava la ya de por sí mala situación que atraviesa la contratación pública en España".