El fraude de los carburantes era un gran desconocido para el público en general. Y eso a pesar de que su impacto en las arcas públicas es más que notable. Sólo entre 2022 y 2024, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) calcula que ha privado a las arcas públicas de unos 2.600 millones de euros. Casi 1.000 millones anuales con los que se podrían construir diez hospitales, como ha dicho alguna vez el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que ha advertido, además, de que se trata de un problema «de seguridad nacional» ya que está perpetrado por mafias organizadas. «Es una fraude a la sociedad en general», añade Luis Nieves, presidente de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI). «Si no se recauda, vamos a tener menos servicios. O se va a buscar recaudarlo por otro lado», apostilla.

Por qué este fraude evita recaudar tan importante cantidad es bien sencillo: porque los delincuentes sencillamente no pagan el IVA. La operativa es relativamente fácil de entender. Tanto los operadores mayoristas que cometen este delito como los que no compran el carburante ya refinado y lo guardan en depósitos fiscales, almacenamientos de mercaderías sólidas, líquidas y gaseosas que están bajo el control del servicio aduanero. Cuando se saca de estos depósitos es cuando se devenga todo el IVA acumulado derivado de las sucesivas transacciones realizadas dentro del depósito fiscal de hidrocarburos en régimen suspensivo de impuestos. El operador que defrauda lo que hace entonces es repercutir esa gran cantidad de IVA a sus clientes -que pueden ser otros operadores o directamente los minoristas- y cobrárselo. Pero, al mismo tiempo, o bien no paga ese impuesto a Hacienda, o bien declarándolo, solicita aplazamientos de pago para ganar tiempo y desaparecer antes de que la Agencia Tributaria actúe contra él, liquidando la sociedad con la que opera o dejándola inactiva, por lo que ese agujero económico pasa a engrosar la lista de deudores de la Agencia Tributaria, sin posibilidad de recobrarlo, junto con las sanciones que devengan por ese incumplimiento.

Ventaja competitiva

Al no pagar el IVA, estos operadores cuentan con ese margen del 21% del coste del combustible para venderlo más barato y sacar un beneficio. Desde el sector calculan que sólo por no pagar el IVA se genera una ventaja competitiva de 20 céntimos por litro de carburante. Una barbaridad en un producto con un coste de 1,5 euros.

Junto al fraude en el pago del IVA, estos operadores también cometen otro de carácter ambiental y ecológico, el de los biocombustibles. Por ley, los carburantes fósiles deben incorporar un 10,5% de biocombustibles para tener un menor impacto ambiental. Sin embargo, estos operadores tampoco usan este tipo de carburante, más caro que el fósil, lo que les da más margen para bajar precios. Además, tampoco pagan los certificados compensatorios por no añadirlos que nutren el Fondo de Eficiencia Energética. Sólo por esta cuestión, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) calcula que en 2023 el Estado dejó de ingresar 581 millones de euros.

Desde el punto de vista ambiental, esta práctica echa por tierra los esfuerzos para reducir emisiones. Hasta el punto de que el sector calcula que estos biocombustibles no incorporados permitirían evitar la emisión de cerca de un millón de toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, lo mismo que dejan de emitir unos 400.000 vehículos eléctricos.

Ahora mismo, en el sector calculan que el fraude del carburante puede suponer entre el 20% y el 25% de las ventas totales y que puede haber unas 1.200 estaciones de servicio, el 10%, vendiendo carburantes «fraudulentos». Y algunas de ellas, añaden, lo hacen a sabiendas de que lo son. «Cuando tú compras a un precio muy bajo, sabes que ahí hay algo raro», explican desde AOP. «Este es un negocio muy transparente, en el que es fácil descomponer el precio», añaden desde la asociación.

Para poner freno a esta sangría recaudatoria, que además perjudica gravemente a las compañías que respetan la ley, en diciembre pasado se aprobaron algunos cambios normativos, como el que prohíbe que los distribuidores minoristas se vendan carburantes entre ellos pues, como aseguran desde AOP, no dejaban de ser una operativa que tenía miles de potenciales defraudadores.

Pero la medida que según las patronales AOP, UPI, Ceess y Aevecar puede ser definitiva para reducir drásticamente este delito y que están maniobrando para implantar es la conocida como «solución italiana».

En el país transalpino, que sufría un problema similar al español, el Gobierno introdujo mecanismos de control para asegurar que los operadores paguen el IVA en el momento de extraer el producto del depósito fiscal. De este modo, evitan que, como ocurre en España, no paguen este impuesto una vez que lo han vendido.

Desde el sector son optimistas al respecto de conseguir este cambio legal en un breve plazo de tiempo. Las patronales han mantenido reuniones con varios partidos políticos para que integren una enmienda con esta modificación en el proyecto de ley que se está tramitando en este momento en el Congreso de los Diputados por el que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición a los grupos multinacionales y a los grupos nacionales de gran magnitud.

Fuentes de estas organizaciones explican que el plazo para presentar enmiendas a este proyecto finaliza el próximo miércoles y que ya se habrían asegurado su inclusión por parte de un grupo relevante. Ahora, añaden, están manteniendo contactos para que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, la apoyen. «Somos el país de la UE con el mayor nivel de fraude en esto y hay una medida para evitarlo que es simple de aplicar», asegura Nieves. «Es urgente que se apruebe», secunda AOP.

El cambio en el devengo del IVA no es el único cambio que solicitan estas organizaciones. También quieren que se regulen los títulos de operadores dado que, según aseguran, en la situación actual, facilitan el fraude. Según explican, cualquier empresa que cumpla con los requisitos y garantías que se le exigen puede lograr un título de operador al por mayor. Lo que sucede, explica Nieves, es que algunos de estos títulos permanecen «durmientes», sin uso alguno. En ocasiones, añade, estos títulos se compran por un operador fraudulento por cantidades que pueden llegar hasta a los 11 millones de euros para, una vez disuelta una sociedad para evitar la persecución de Hacienda por el impago del IVA, poder seguir operando de forma fraudulenta con otra. De hecho, algunos de estos operadores tienen dos o tres títulos en recámara para seguir desarrollando su delictiva operativa. Para ello, solicitan que, si el título no se emplea en un plazo de tres meses, se tenga que actualizar.