Ley de Vivienda, o cómo maltratar más el mercado del alquiler

La nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y sus socios parlamentarios derivará en una mayor intervención del mercado del alquiler de la que ya había puesto en marcha el Gobierno con medidas como limitar las subidas de los precios del alquiler un 2% este año. También recoge más medidas para blindar a los inquilinos pero casi ninguna para los propietarios lo que, según avisa el sector, provocará más caídas de la oferta y puede acabar provocando el efecto contrario al que persigue: que los precios suban más.

Topes de precios más férreos

El texto recoge un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice inferior al IPC que el INE tendrá en 2025. Se podrá subir hasta un 10% como máximo si se hace un reforma cuyo coste equivalga como mínimo al 10% del precio de compraventa de la vivienda.

Áreas tensionadas

Estas zonas, que podrán decretar las autonomías de forma voluntaria, aumentan. Para decretarlas, sólo será preciso que el pago de la vivienda en el área suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años. Si se decreta, todos los alquileres en estas zonas será topados, tanto los de grandes como los de pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos. Los límites se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los «grandes tenedores».

Habrá más grandes tenedores con precios más controlados

Como en el caso de las áreas tensionadas, también crecerá el número de grandes tenedores a los que se limitará más las rentas. Las autonomías podrán, en función de sus competencias, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a cinco. Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores y se les aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de los fondos.

Pago de costes

Para proteger a los inquilinos, el texto contempla que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. También se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos no pactados antes.

Desahucios

En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.

Menos oferta y más cara

Tras conocer las medidas acordadas por el Gobierno con sus socios, desde el sector inmobiliario cargaron ayer con dureza contra el acuerdo. Idealista, Fotocasa, la Agencia Negociadora del Alquiler , Pisos.com y la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) coincidieron en señalar que las medidas no inciden en el gran problema del alquiler, la falta de oferta; lo que unido a que la limitación de precios generará más incertidumbre, desembocará en una reducción mayor de la oferta y subida de precios.