Las agencias de colocación exigen más protagonismo

Los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) colocaron en 2016 al 1,8% de los desempleados, mientras que las ETT al 3,35%.

De los más de 18 millones de contratos que se formalizaron en 2016, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sólo intermedió en la colocación de 333.000 trabajadores, el 1,8% del total, mientras que las empresas de trabajo temporal (ETT) colocaron a 620.000, el 3,35% del total. El 98% de las contrataciones se hace fuera de los servicios públicos de empleo, lo que siempre ha puesto en cuestión su rol como organismo de colocación. Si bien es cierto que, entre sus principales labores está el pago de las prestaciones y la gestión de subsidios, además de labores de formación y orientación. Con este panorama la colaboración público-privada se ha hecho cada vez más imprescindible para alcanzar el éxito en la colocación de los demandantes de empleo. De hecho, en 2013 el Gobierno aprobó un Acuerdo Marco de colaboración con estas entidades. Supuso el establecimiento de la arquitectura común de la colaboración público-privada en España y una selección de 80 agencias con las que ahora pueden formular contratos los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas.

Anabel López es la secretaria general de Asdace, la principal patronal de las agencias de colocación, que forma parte de las 80 agencias con las que colabora el SEPE. Defiende el modelo de colaboración público-privada, más extendido y con buenos resultados en otros países de nuestro entorno, «porque mientras el SEPE conoce bien a sus usarios, su trayectoria, etc., las agencias privadas de colocación están más cerca de las empresas, lo que facilita la búsqueda de empleo de estas personas». «El SEPE dispone de orientadores y muchas veces tiene la doble función de insertar laboralmente a los desempleados y gestionar prestaciones. Las agencias de colocación no queremos suplantar su función, porque aquí venimos a sumar. Tenemos prescriptores de empresa y el SEPE no hace esa labor tan proactiva».

Santiago Soler, secretario general de Adecco, sostiene que el balance del Acuerdo Marco no es satisfactorio. «No se ha llegado a participar de la idea de mejora que la colaboración público-privada supone y han surgido muchas dificultades e incertidumbres que han impedido su corrector desarrollo. Se interpreta como una competencia, cuando en realidad es una colaboración. Los resultados en términos de eficiencia en el gasto y de eficacia en el resultado son variables que cuesta introducir a pesar de la evidencia que los resultados muestran en los países en donde se trabaja y comparte el interés por promocionar la colaboración público-privada. De hecho, las instituciones europeas siguen insistiendo, y más en un país como España, debido a su alta tasa de paro, en invertir y desarrollar este tipo de colaboración». Las agencias de colocación que colaboran con los Servicios Públicos de Empleo prestan sus servicios de forma gratuita a trabajadores y empresas, ya que sus servicios son remunerados por los respectivos Servicios Públicos de Empleo. Entre los años 2015 y 2016, el presupuesto destinado a estas agencias fue de 41,7 millones de euros (5 millones y 36,7 millones respectivamente). «Vamos a riesgo, por una inserción laboral cobramos desde 174 euros hasta 1.700 euros en los casos más complicados como son los mayores de 55 años y aquellos que llevan más de dos años en el desempleo», explica Anabel López. Según el Acuerdo Marco, los servicios de colocación se retribuyen en función de los resultados, medidos en términos de la inserción efectiva de los demandantes de empleo durante, al menos seis meses, habiendo incentivos adicionales por contrataciones de mayor duración. En este sentido, las agencias de colocación demandan que se las retribuya, no sólo cuando las contrataciones a los demandantes de empleo tengan un duración de al menos seis meses, sino también de menos tiempo. «Que un parado de larga duración trabaje dos meses es ya un éxito. También reivindicamos que no se segmento a los demandantes de empleo sólo por el tiempo que llevan en el desempleo y su edad, sino que se incluyan otras variables, porque no puede ser igual la inserción de un hombre mayor que la de un expresidiario», explica López. No es su única reivindicación. Urge también a establecer un nuevo modelo bajo el que trabajar la colaboración público-privada, porque la vigencia del actual acaba en 2018. También que los contratos que se firman con el SEPE tengan al menos una duración de cinco años y no de uno. Santiago Soler explica que sería muy importante determinar cuál es el servicio que realmente se quiere prestar: «¿atención?, ¿orientación?, ¿formación?, ¿integración laboral?, ¿a qué colectivo se presta este servicio? (¿es universal o sería necesario una segmentación de los desempleados en atención a sus necesidades y requisitos?), ¿quién y qué tipo de entidad privada puede realmente prestar valor añadido en este tipo de servicio?, ¿con qué marco jurídico de actuación y en qué ámbito?, ¿con qué presupuesto y con qué contraprestación?. Y, por último, todo ello someterlo a un proceso de evaluación y seguimiento que permita medir con objetividad los resultados».