Sánchez Ortega se enfrenta también a 4 años de prisión por las indemnizaciones millonarias.

El ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la compañía Manuel Sánchez Ortega se enfrentan a una petición fiscal de cárcel de cinco y cuatro años y tres meses, respectivamente, por un delito de administración desleal por las indemnizaciones millonarias que cobraron cuando la sociedad ya atravesaba una grave crisis que le abocaría al preconcurso de acreedores en noviembre de 2015. El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals reclama una multa de 90.000 euros para Benjumea, y de 72.000 para Sánchez Ortega, además de su inhabilitación durante diez años para ejercer el cargo de consejero en cualquier sociedad.

El representante del Ministerio Público quiere sentar también en el banquillo al ex presidente de Abengoa Antonio Fornieles y a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, para quienes pide una pena de tres años y medio de prisión por el mismo delito y una multa de 36.000 euros. Los tres avalaron, como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el pago de siete millones de euros para Benjumea y otros tres para Sánchez Ortega en concepto de «bonificación de permanencia» en la entidad.

De ser condenados, Sánchez Ortega deberá indemnizar a la compañía con 4,4 millones y Benjumea y el resto de acusados, solidariamente, con otros 11,4.

Esas mismas cantidades son las que percibieron Sánchez Ortega y Benjumea, respectivamente, al renunciar a sus cargos. Pero, paradójicamente, ninguno de los dos se desvinculó de la sociedad. Tras su «renuncia voluntaria» en septiembre de 2015, subraya el fiscal, Benjumea pasó a ser asesor de Abengoa, con una remuneración de 1.086.000 euros brutos anuales. Unos meses antes, en abril, Sánchez Ortega también había renunciado a su cargo, siendo designado vicepresidente primero no ejecutivo, con idéntico sueldo anual al que tenía como consejero. Desde un año antes, la caída del precio de las acciones de Abengoa era «imparable» por su elevada deuda, lo que le abocó al preconcurso.

El cobro de esas indemnizaciones, asegura el fiscal en su escrito de acusación, «carecía de base», pues la relación contractual no se había extinguido y, además, ninguno de los dos precisaba asegurarse una estabilidad económica» al mantener sus emolumentos. Los miembros de la Comisión de Retribuciones (entre ellos el ex ministro José Borrell, cuya declaración pide el fiscal como testigo porque estuvo ausente el día que se tomó el acuerdo) conocían, además, la «grave crisis» de la entidad y, pese a todo, no se cercioraron de la «legalidad» de la decisión que adoptaron.