La Fiscalía no prevé pedir prisión para ningún condenado por las «black»

Sí podría instar la imposición de fianzas, especialmente para Blesa. Los recursos incidirán en que nadie advirtió de la ilegalidad del sistema, creado en 1988, y en que la hoja excel no es válida

La Fiscalía Anticorrupción pedirá este lunes la celebración de una «vistilla» para instar las medidas cautelares que considere oportunas respecto a los condenados en el caso de las conocidas como «tarjetas black»; principalmente en lo que afecta a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a quienes la Audiencia Nacional impuso las penas más altas, seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.

En un principio, y dado que la condena a Rato no supera los cinco años, no parece nada probable que Anticorrupción solicite el ingreso en prisión, ya que el «criterio general» es el de no solicitar esa medida cuando no alcanza ese mínimo y no tiene pendientes otras penas. En el caso de Miguel Blesa, las fuentes consultadas sí consideraron más que probable que el Ministerio Público solicite la imposición de una fianza para que continúe en libertad hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que interpondrá, pero no su ingreso en prisión. Lo que va a determinar en buena parte la petición fiscal será en el análisis de si concurre o no riesgo de fuga, que es el elemento esencial y, en este apartado, un aspecto a valorar será el de que Blesa está pendiente ya de la celebración de otro juicio –relativo a los sobresueldos de Caja Madrid– en el que se enfrentará a una petición fiscal de cuatro años de prisión.

Para el resto de los condenados, no es previsible que inste ningún tipo de medidas cautelar, ya que las penas impuestas no son de especial gravedad, y la mayoría de ellas no superan los dos años de prisión.

En cambio, la Confederación Intersindical de Crédito, que ejerció como acción popular en este proceso, ya ha pedido a la Sala Penal de la Audiencia, la que dictó la correspondiente sentencia, que acuerde el ingreso inmediato en prisión de Blesa y Rato, con el objetivo de evitar «la reiteración del delito». No parece que esta postura vaya a ser defendida por la Fiscalía.

Tampoco este caso puede equiparse al ingreso en prisión de los directivos de Novacaixagalicia. Y ello por dos motivos decisivos: en primer lugar, que esa medida se adoptó después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena a dos años de cárcel, es decir, era ya sentencia firme; y, en segundo lugar, porque no habían devuelto el dinero que se fijó en sentencia. En el caso de las «tarjetas black», la sentencia no es firme y los acusados han devuelto, en su inmensa mayoría, las cantidades que les fueron reclamadas.

Motivos de los recursos

Por otro lado, los recursos ante el Tribunal Supremo de buena parte de las defensas se basarán en cuatro motivos principales, según señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas a las mismas. Así, en primer lugar, argumentarán que el «sistema de tarjetas» fue implantado en 1988 por el entonces presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, «y desde entonces nadie ha advertido de que el mismo fuese ilegal, ni que se tuviese que cambiar el mismo». Y, junto a ello, consideran que nadie ha demostrado que las cantidades utilizadas con esas tarjetas «no hubiesen sido declaradas en las retenciones fiscales»

En segundo lugar, una de los ejes centrales de los recursos se basará en intentar demostrar que la famosa y contorvertida hoja excel, en la que se recogían los gastos, no puede considerase como prueba incriminatoria. «Es una prueba insolvente, de la que existen dudas de que ha sido manipulada y que, en todo caso, no reúne los requisitos para que pueda considerarse un documento mercantil».

En cuanto a las tarjetas de Bankia, las defensas esgrimirán que en ningún caso supusieron un incremento de los salarios y de los límites que al respecto impuso el Gobierno, «como así lo reconocieron todos, incluido Francisco Verdú, quien así lo manifestó tanto en instrucción como en el juicio».

El último aspecto relevante incidirá en la posible vulneración del derecho a la intimidad, que se habría producido por la utilización de todos los datos por parte del fiscal, el FROB y Bankia «antes incluso de que un juez lo autorizara».

«El tiempo pone a todos en su sitio»

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer, al hilo de la sentencia de las «tarjetas black» que el tiempo «siempre acaba poniendo a todos en su sitio», y consideró «muy razonable» y una «aportación fundamental» que el Banco de España elabore un informe sobre su papel en la crisis financiera. De Guindos mostró su «respeto» por las sentencias, y recordó que el caso de las tarjetas formaba parte de una instrucción que el Gobierno dio al FROB y éste a los nuevos equipos de las antiguas cajas de ahorros para que cualquier conducta potencialmente irregular se pusiera en manos de la Fiscalía.