La Justicia europea ha confirmado la anulación del acuerdo pesquero suscrito entre la UE y Marruecos en 2019, al entender que se vulneraron los derechos del pueblo saharaui. Según ha fallado el alto tribunal europeo, el consentimiento del pueblo saharaui es una condición sine qua non, aunque no siempre debe ser explícito en todos los supuestos.

En cuanto a las consecuencias para los pescadores que faenan en esas aguas, este acuerdo expiró en 2023 y, por lo tanto, ha dejado de tener efecto. Sin embargo, las aclaraciones del alto tribunal europeo pueden servir para conocer los márgenes de cualquier negociación sobre un acuerdo futuro ya que de las 138 licencias que faenaban en la zona, 92 de ellas correspondían al pabellón español, en concreto, a las flotas andaluza, gallega y canaria.

La sentencia conocida este viernes sí que tiene consecuencias directas sobre la liberalización agrícola, pero el tribunal ha introducido una moratoria de 12 meses por razones de seguridad jurídica.

El Frente Polisario acudió ante la Justicia europea al considerar que la Unión Europea no había obtenido el consentimiento del pueblo saharaui. El Tribunal General ya dio la razón al Frente Polisario, pero aunque anuló los acuerdos, mantuvo temporalmente sus efectos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este viernes que el Frente Polisario es un “interlocutor privilegiado en el marco del proceso que tiene lugar bajo la égida de Naciones Unidas con el fin de determinar el futuro estatuto del Sáhara Occidental” y que por lo tanto “cumple los requisitos para poder impugnar ante el juez de la Unión las decisiones controvertidas” .

El tribunal considera que no se ha obtenido el consentimiento del pueblo saharaui en estos acuerdos ya que la Comisión y el Servicio de Acción Exterior se limitaron a consultar a la población que habita el Sahara Occidental que en su mayor parte no pertenece al pueblo saharui, ya que Este se encuentra exiliado desde los años setenta y ha encontrado refugio en Argelia.

Aunque el alto tribunal considera que en algunos casos el consentimiento puede no ser explícito, para esto deben cumplirse una serie de requisitos como que el acuerdo no cree obligaciones para este pueblo y suponga una “ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio, debiendo, además esa ventaja ser proporcional a la importancia de dicha explotación”. La Justicia europea considera que este segundo requisito no se cumple ya que los acuerdos no resultan beneficiosos para el pueblo saharaui y que por lo tanto, el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental no puede presumirse.

A pesar de este fallo, la Comisión Europea quiere seguir reforzando su relación con Marruecos. Aunque el Ejecutivo comunitario está ahora analizando la sentencia de manera detallada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, siguen creyendo que Rabat es un socio fiable."En estrecha cooperación con Marruecos, la UE tiene la firme intención de preservar y seguir fortaleciendo relaciones estrechas con Marruecos en todos los ámbitos de la Asociación Marruecos-UE, en consonancia con el principio ‘pacta sunt servanda' (cumplimiento de los pactos)", recalcaron los dos líderes europeos.

El Tribunal de Justicia de la UE también se ha pronunciado sobre el etiquetado de algunos productos agrícolas procedentes del país alauita. Según la corte europea, debe aparecer de manera clara que tomates cereza y los melones charentais recolectados en el Sáhara Occidental pertenecen a este territorio y no a Marruecos.