Los inspectores de Hacienda denuncian que la Generalitat prepara ya la "ilegal" independencia tributaria de Cataluña con los refuerzos para la Renta

Aviso a navegantes: la independencia tributaria de Cataluña -camuflada en el refuerzo de la atención en la campaña de la renta con medios de la Generalitat- y el propio cupo catalán que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez constituyen un avance hacia la cesión de las funciones de recaudación que "carece de cobertura legal". Así lo denuncian los inspectores de Hacienda a través de la asociación IHE, que carga con dureza contra la decisión de la Generalitat de aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) e incrementar los puntos de atención para asumir un papel más destacado en la atención telefónica y presencial durante la campaña de la renta que se celebrará esta primavera y que, por el momento, gestiona la Agencia Tributaria (AEAT), aunque temen que sea el primer paso de una cesión de competencias que aseguran es ilegal.

Según advierten, la Generalitat ya ha iniciado la primera fase de la implantación gradual del cupo catalán, después de que haya confirmado el pasado 14 de febrero que va a potenciar el número de oficinas y el personal para abordar la campaña del IRPF que se inicia dentro de dos meses. "El incremento sustancial de oficinas y empleados anunciado en el comunicado de la Generalitat no tiene como objetivo prestar unos mejores servicios a los ciudadanos, sino que sólo supone dar pasos hacia un régimen que, como se ha dicho, en el momento actual es ilegal", han denunciado los inspectores.

Aunque admiten los inspectores que quieren que parezca una colaboración entre administraciones, la propia Generalitat admite que es un "primer paso" para asumir la gestión del IRPF en la campaña del próximo año, tal y como pactaron PSC y ERC, por lo que "disfraza como una fórmula de colaboración" lo que, en realidad, es un primer paso hacia la "desaparición de la Agencia Tributaria" en Cataluña sin que se hayan modificado las leyes necesarias. "El comunicado dice claramente que es el paso previo para que la campaña del año que viene la realice en exclusiva la Administración Tributaria de Cataluña sin la colaboración entre las dos administraciones, situación impensable en cualquier otra comunidad autónoma".

Por ello, los inspectores temen que, de implementarse, no habrá "vuelta atrás" y reclaman a la Agencia Tributaria que "no se adopte ninguna medida que modifique la situación actual en la prestación de los servicios tributarios a los ciudadanos de Cataluña" mientras no se modifiquen la normativa legislativa, porque lo que se está haciendo usar "una fórmula de colaboración", habitual entre administraciones, como excusa para independizarse tributariamente.

La asociación lleva advirtiendo desde hace más de un año de las graves consecuencias que tendría en el sistema tributario, y en el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el nuevo régimen fiscal para Cataluña denominado "financiación singular", que supone la cesión de todos los impuestos recaudados en Cataluña, y el traspaso de las funciones de gestión, inspección, recaudación y liquidación que actualmente hace la AEAT en dicho territorio. Ante la imposibilidad material de implantar este régimen de forma inmediata, los inspectores han advertido de que se quiere comenzar de forma gradual traspasando el IRPF, después el IVA, y así sucesivamente, "hasta conseguir la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos que los ciudadanos pagan en Cataluña".

Por todo ello, los inspectores exigen a las autoridades de la AEAT que, mientras no se modifiquen las normas que rigen actualmente nuestro sistema tributario, "no se adopte ninguna medida que modifique la situación actual en la prestación de los servicios tributarios". También recuerdan el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, "en cuanto a la exigencia de responsabilidades, incluidas las penales, respecto de cualquier medida que se apruebe, y el gasto público que se realice, para implantar un régimen que en el momento actual no tienen ningún amparo legal". En conclusión, recaman que no se modifiquen lo términos actuales de colaboración con dicha comunidad autónoma, a la que acusan de tener con "fines ocultos tendentes a una gestión del impuesto no contemplada en la ley".