El Consejo de Ministros repasará el viernes el escenario macro para enviarlo a Bruselas

El panorama sobre la formación de Gobierno se despeja. Así se lo trasladó ayer el titular de Economía en funciones, Luis de Guindos, a sus colegas del Eurogrupo. Pero el ministro no es sólo optimista sobre la puesta en marcha de un nuevo ejecutivo a finales de octubre sino que también confía en la posibilidad de aprobar un proyecto de presupuestos para 2017 antes de finales de año, aunque quede pendiente la negociación con las comunidades autónomas y el necesario soporte parlamentario.

De Guindos asegura que las fuerzas políticas susceptibles de un posible apoyo a estas cuentas –el PSOE, Ciudadanos y el PNV– «son perfectamente razonables y comprenden los tres compromisos con Bruselas». Por eso, para el titular de Economía en funciones la aprobación de este proyecto «se haría relativamente rápido» ya que sus contactos con Ciudadanos y el PSOE le muestran que estas dos formaciones «saben lo que tenemos que hacer» y el margen dado por Bruselas tras la última prórroga de dos años.

Unas cuentas escrutadas al milímetro por Bruselas y en las que habrá que hacer ajustes. De Guindos reconoció ayer que un ejecutivo en funciones no puede poner en marcha ese 0,5% de PIB de esfuerzo estructural (no sujeto a los vientos favorables del crecimiento económico) exigido por la Comisión Europea en el mes de julio y que supone una consolidación de las cuentas públicas de 5.000 millones de euros vía aumento de impuestos o recorte de gastos. De Guindos no quiso vaticinar las medidas que deberán estar recogidas en ese proyecto de presupuestos, pero lo que resulta innegable es que según los cálculos de Bruselas y del propio ejecutivo, sin nuevas iniciativas, no se alcanzará el objetivo del 3,1% comprometido con nuestros socios europeos y la meta del año 2017 rondaría el 3,6%. Este próximo viernes, el ejecutivo en funciones dará por buenos los PGE de 2016 y su prórroga automática para el próximo año ante la imposibilidad de que entraran en el Congreso los números de 2017 antes del 1 de octubre.

El Consejo de Ministros volverá a ver el escenario macroeconómico que el Ministerio de Economía presentó el 29 de julio pasado. La previsión de crecimiento del PIB es del 2,3%, nueve décimas menos que este año, con la demanda nacional aportando 2,5 puntos al crecimiento, y el saldo exterior restando dos décimas a la actividad económica. La tasa de paro podría cerrar el año en el 17,8% de la población activa y el empleo crecerá un 2,2%. La cifra de déficit es la gran incógnita, aunque no deberá variar ni un ápice de la exigido por Bruselas. El único cambio sustancial reside en el adelanto del pago del Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas, cuya entrada en vigor se empezará a notar este año, pero que se prolongará hasta que el déficit si sitúe por debajo del 3%.

Jeroen Dijsselbloem ya hizo notar tras la reunión de los ministros de Economía de la zona euro la necesidad de ser escrupulosos con la cifras y recordó el error del Gobierno español al calibrar el desfase presupuestario del año 2015. De Guindos intentó ayer quitar hierro a estas discrepancias y aseguró que no habrá grandes divergencias entre los cálculos de Madrid y los de Bruselas: «nosotros nos equivocamos con el déficit y lo reconocimos; pero la CE se ha equivocado muchísimas veces sobre nuestro crecimiento» y vaticinó una corrección al alza en la próximas previsiones sobre crecimiento económico de Bruselas.

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho discutieron ayer la puesta en marcha de las reglas de Basilea III ante el temor de que supongan un fuerte incremento de capital para las entidades financieras europeas difícil de sostener en un momento de tipos de interés bajos y con la sospecha de que no es oro todo lo que reluce ejemplificado en el caso de Deutsche Bank o el sector italiano y portugués. Dentro de esta amenaza, Luis de Guindos despejó las dudas que esta normativa internacional pueda tener sobre la situación de los bancos españoles. Según el titular de Economía en funciones, la «banca española se encuentra cómoda» ya que «aplica controles muy estrictos sobre el nivel de riesgos» y los bancos de nuestro país serían «los menos afectados» si se llega a un acuerdo con EE UU en los modelos comunes para establecer cuáles tienen que ser los colchones de capital.