El Gobierno relanzará en febrero la ley que permite establecer peajes para circular por el centro de las ciudades

Puede que no haya -de momento- intención de implantar peajes en las vías de gran capacidad. Pero lo que el Gobierno sí pretende es abrir la puerta a que puedan implantarse en las ciudades. Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, ha anunciado hoy que el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible en el que se recoge esta medida irá en febrero a Consejo de Ministros para su aprobación y así poder reiniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria. "El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año. Va a ser una ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y transportes", ha asegurado Óscar Puente en el desayuno informativo Fórum Europa Nueva Economía en el que ha participado hoy.

Ley de Movilidad Sostenible, que debió entrar en vigor el pasado ejercicio pero que decayó tras la convocatoria de elecciones generales el pasado mes de julio, abre la puerta al pago por circular por el centro de las grandes ciudades. La nueva Ley de Cambio Climático establece que, antes de que terminase 2023, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y aquellas que muestran insuficiente calidad del aire deberían crear zonas de bajas emisiones (ZBE), si bien muchos de los municipios afectados no han cumplido con esta obligación. La Ley de Movilidad recoge que para reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libre de humos y congestión”, se permitirá “crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor”. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer “una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones”. Para crear esta tasa, será necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

Las «Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones» redactadas por el Ministerio de Transición Ecológica recogen al respecto de estas tasas que «el acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje , cuya cuantía puede además varias en función de las condiciones del vehículo, en función del principio quien contamina, paga». A renglón seguido, las directrices argumentan a favor de estas tasas asegurando que «el peaje aparece como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, puesto que traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía». El ministerio considera que el peaje urbano «genera un flujo de ingresos económicos constante que puede sustentar actuaciones persistentes en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal, en el desarrollo de infraestructura ciclista y para el transporte público, así como la mejora del servicio de transporte público». En este sentido, concluye, «es una medida que ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de movilidad».

Aparcamientos

El departamento que dirige Teresa Ribera también contempla en las mismas directrices completar estos peajes pagos más caros por aparcar.En los criterios de aparcamiento de las Directrices se asegura que, como en el caso de los peajes de acceso a las ciudades, “el sistema de estacionamiento regulado puede constituirse como una herramienta eficaz para reforzar la implementación de una ZBE”. El Departamento que dirige Teresa Ribera, al respecto de cómo implantar estos sistemas de aparcamiento, sugiere a los ayuntamientos que “se puede plantear una tasa o impuesto anual de elevada cuantía para permitir estacionar en la calle”. Un coste que, añade, podrá regularse “atendiendo al distintivo ambiental del vehículo (menor coste para las menores emisiones)”. Transición Ecológica añade que los consistorios también pueden valorar que existan “varias categorías de estacionamiento para residentes o no residentes, con tarifas y límites horarios diferenciados”. Sin embargo, advierte, “se deben plantear con cuidado, ya que existen estudios que apuntan a un incremento del coche en propiedad entre los residentes al introducir este tipo de medidas”.