Ya hay fecha para que el Gobierno presente el nuevo plan fiscal estructural a Bruselas. Será el próximo 15 de octubre, casi un mes después de la fecha límite marcada por la Unión Europea. Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras anunciar que se presentará un plan fiscal estructural "creíble, realista y ambicioso", que permitirá "mantener la disciplina fiscal, las inversiones y las reformas necesarias" en respuesta a una interpelación del PP sobre el citado plan fiscal.

Los Estados miembros deben presentar sus planes fiscales estructurales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado y la Comisión Europea (CE) convengan la ampliación del plazo por un periodo de tiempo razonable, como fuentes gubernamentales confirman ha ocurrido en este caso, aunque el retraso de 25 días apunta a que el Gobierno no ha podido lograr a tiempo una senda fiscal asumible por la CE. Cuerpo justificó este retraso en que "el reglamento prevé la existencia de un margen razonable de tiempo con respecto al 20 de septiembre", el cual aprovecharán "la mayoría de los Estados miembros para presentar el 15 de octubre su plan fiscal estructural". Además, recordó que la norma no exige que el plan fiscal deba ser "aprobado o incluso debatido en el Parlamento" español.

El ministro ha insistido en que este plan va a permitir que se mantenga la disciplina fiscal de los últimos años y hacerlo "de la mano de inversiones y reformas que continúen el proceso de modernización" iniciado en la economía española gracias al Plan de Recuperación, y se ha comprometido a comparecer en el Congreso para explicar el contenido del plan fiscal estructural.

España tiene que enviar a Bruselas este plan con la estrategia para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB para este mismo ejercicio y encaminar la deuda pública hacia niveles inferiores al 60% del PIB -ahora mismo está por encima del 108%-. Ayer mismo, el Banco de España volvió a afear al Gobierno que siga sin incorporar una senda de ajuste presupuestario compatible con el cumplimiento las nuevas reglas fiscales europeas. Según apuntó el supervisor, el diseño y ejecución de dicho plan constituirían una "palanca fundamental para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas y la confianza de los agentes económicos sobre nuestra economía", si bien en el corto plazo implicarían un menor grado de dinamismo de la actividad del proyectado. Por ello, reclama la importancia de "acometer dicho plan de ajuste sin demora y de forma transparente", como ha exigido en su última declaración de política monetaria del BCE.

Las estimaciones del Banco de España apuntan a que, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario implementar durante los próximos años "un ajuste presupuestario de en torno a medio punto del PIB al año". Un ajuste fiscal que "no está incorporado en las actuales proyecciones, pues aún no existe suficiente concreción acerca de las medidas de ingresos y gastos que se desplegarían como parte del mismo". No obstante, estima que "la eventual implementación de un programa de ajuste estructural de medio plazo de la magnitud señalada acarrearía, previsiblemente, un menor grado de dinamismo de la actividad a lo largo del horizonte de proyección que el contemplado en el actual ejercicio de previsiones". En cualquier caso, el diseño y ejecución de dicho plan constituirían una "palanca fundamental para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas y la confianza de los agentes económicos en nuestra economía".

El supervisor estima que el déficit de las Administraciones Públicas, en términos acumulados de 12 meses, se habría situado en el 3,4% del PIB en mayo, dos décimas inferior al registrado al cierre de 2023, pero cuatro superior al objetivo anual. Para el cierre del año sitúa este déficit en el 3,1%, una décima por encima de lo previsto por el Gobierno, con lo que se incumpliría con el tope marcado por Bruselas.

Por su parte, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha marcado la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento del nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, que marca unos objetivos de déficit anuales, como "líneas rojas" ante un posible acuerdo de financiación singular para Cataluña. Durante un acto el martes junto a Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), Herrero ha pedido "tener cuidado" y respetar tres vértices: el cumplimiento de las reglas fiscales y, por lo tanto, de los compromisos de gasto; la financiación autonómica y mecanismos extraordinarios de financiación y la vuelta a los mercados de las comunidades autónomas.