El Gobierno limitará los alquileres de temporada y habilitará a los vecinos a vetar los pisos turísticos

El Gobierno intenta ahora enmendar el caos desatado por su Ley de Vivienda en el mercado de alquiler residencial. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles un plan para poner coto al alquiler de temporada y al alquiler turístico, dos modalidades que han proliferado en el último año en detrimento del arrendamiento de carácter habitual para esquivar los topes al precio del alquiler de la Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de mayo de 2023. Tras un goteo de posibles medidas durante varias semanas, Vivienda ha anunciado hoy que reformará mediante un real decreto urgente el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres temporales a causas justificables. Asimismo, modificará Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos y trabajará para que este tipo de arrendamientos estén obligados a pagar IVA. Así lo ha trasladado la titular de Vivienda tras la última reunión con el grupo de trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales.

El real decreto para atajar el uso del alquiler de temporada (menos de 12 meses) de forma fraudulenta para esquivar la Ley de Vivienda -sólo aplicable sobre los arrendamientos de carácter habitual-, obligará a que los contratos tengan que ajustarse a casuísticas justificables y acreditarlas. Estarían comprendidos, por ejemplo, los alquileres para universitarios con una duración de nueves meses, el curso escolar, o de unos días coincidiendo con la celebración de un festival, ha expuesto la ministra de Vivienda. “Igual que se nos puede requerir nuestra nómina”, al firmar el contrato de alquiler, “se requerirá la causalidad de esa temporalidad”, ha añadido. Además, estos contratos tendrán que registrarse en la plataforma que ha anunciado el Gobierno, que se espera tener lista antes de 2025, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler a través de plataformas, entre ellos los de corta duración, turísticos, de habitaciones o flotantes.

El objetivo del Gobierno es que el real decreto que modificará la LAU esté listo a finales de verano, antes que la plataforma de registro único, que Europa da de plazo a los países hasta 2026 para tenerla lista pero que el Ejecutivo espera que pueda ser antes de 2025. Mientras tanto, trabajan en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura.

Con ello se busca dar seguridad jurídica y garantías estableciendo mecanismos para no burlar la LAU y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios. Según un informe reciente de Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó un 56% en el primer trimestre del año hasta representar el 11% del total. "Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha asegurado Rodríguez.

Respecto a los alquileres turísticos, el Ejecutivo ha confirmado la medida que anunció la semana pasada: modificará la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan vetar los apartamentos turísticos, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. Esta decisión se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos. Aunque la jurisprudencia del Supremo ya permite el veto, con el cambio normativo el Gobierno pretende clarificar la ley, que no detalla cómo tiene que ser ese rechazo. En principio, y a falta de que la modificación legal se efectúe, se exigirá una autorización expresa a las comunidades de vecinos, con el visto bueno de tres quintas partes de los propietarios, para permitir los pisos turísticos en su bloque. Asimismo, se busca que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA, tal y como propuso el Ministerio de Consumo.

Para abordar este "ajuste quirúrgico", Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas en línea y agentes sociales. "Con este drama no se puede mirar hacia otro lado y tenemos que actuar todos", ha apuntado en rueda de prensa la ministra, que ha hecho un llamamiento a todas las administraciones donde exista esta problemática para que se pongan manos a la obra y pongan todos los recursos para garantizar el derecho a la vivienda.

La estrategia del Gobierno no convence a todos. Los Sindicatos de Inquilinos han rechazado estas propuestas porque consideran que son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos. En este sentido, señalan que la plataforma web que propone el Ministerio y en la que se recogerán este tipo de alquileres es un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal, transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse. Además, apuntan que el hecho de tener que justificar la causa que motiva el alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual. Por otro lado, critican que esta propuesta haya dejado sin regular los alquileres de habitaciones y da vía libre a los colivings.

Por su parte, CC OO ha afeado que el Ejecutivo no haya presentado ninguna propuesta por escrito, al igual que la Asociación de Promotores y Constructores de España. El sindicato también quiere que se prohíban los pisos de alquiler turístico en zonas tensionadas y que se establezca, como se hace en ciudades como Nueva York, la prohibición de que un piso entero esté dedicado a alojamiento turístico. CC OO calcula, además, que imponiendo un IVA del 21% se podrían recaudar 1.700 millones de euros para la promoción de vivienda asequible y vivienda de protección oficial.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), que forma parte del citado grupo de trabajo, también ha abogado por diferenciar entre arrendamientos de larga duración y cualquier otra tipología de alquiler en los métodos de búsqueda de viviendas en alquiler de los portales inmobiliarios.

Consumo también rema en la misma dirección

A principios de junio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la ley de los consumidores y que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros. La semana pasada el departamento dirigido por Pablo Bustinduy puso en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los ayuntamientos que aporten información para intensificar esta investigación y este miércoles Bustinduy ha insistido en que su departamento perseguirá la publicidad de los pisos turísticos ilegales.