Gallinas que salen pero no entran

Recaudar todos los impuestos de Cataluña y que se queden en Cataluña. Ese el objetivo al que siempre han querido llegar las fuerzas independentistas y que la matemática parlamentaria de los votos ha hecho posible gracias a la última concesión de Pedro Sánchez a cambio de la llave que le ha abierto a Salvador Illa la puerta de la Generalitat. La creación de una Agencia Tributaria catalana que asuma la recaudación tributaria será un hecho durante su legislatura. Aunque ese es solo el paso final. El camino previo es complejo, pero para el PSOE de Sánchez nada es imposible.

Para alcanzar esta «soberanía fiscal plena» tan anhelada por Junts y ERC, se requieren unos cambios legislativos de calado. En concreto tres reformas: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca); la norma que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y la ley de cesión de tributos. Un camino plagado de minas que quiere desembocar en una especie de modelo híbrido entre el estatus de financiación vasco y navarro –que se rigen por el régimen foral– pero readaptado como un «fondo de reequilibrio territorial», a modo de «cupo catalán», con una cifra a aportar a la caja común aún por determinar que, según ERC, debería servir para sufragar los gastos en materia de Defensa o Justicia mediante un «mecanismo permanente de coordinación bilateral Generalitat-Estado». Vamos, una trampa gramatical para esconder un «cupo ad hoc», o dicho de otro modo, «ya te pagaré yo lo que crea conveniente y cuando sea conveniente».

Las intenciones del Gobierno no se conocen a ciencia cierta más allá de reconocer esa «financiación singular», aunque tenemos algunas pistas. Salvador Illa ha defendido –al menos antes de ser presidente– una financiación sujeta a la literalidad del Estatut, incluida la creación de un «consorcio paritario» entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña, que «se puede transformar en la Administración Tributaria de Cataluña». Su idea es desarrollar el artículo 204.2 del Estatut, que llevaría a la Generalitat a «recaudar y gestionar todos los impuestos que se generan en Cataluña» y, en paralelo, permitiría «establecer los mecanismos de traspaso con el Estado». De momento, sus «jefes» en Madrid, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, simplemente apuestan por un «sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral», pero ya se sabe que pueden cambiar de opinión según sople el aire.

Ambos, porque Junts, de momento, parece tener poco que decir, deberán medir florete con ERC, que quiere ir más lejos y además de «recaudar y gestionar todos los impuestos» reclaman «plena capacidad normativa de la Administración catalana para regular los tributos», con el fin de «erradicar el déficit fiscal que ahoga las finanzas de Cataluña», una falacia financiera que instituciones independientes y oficiales –como la Airef, Fedea o el IEE, entre otros– han negado y demostrado que es falso. Los republicanos pretenden que se acuerde «mutuamente» con el Estado las partidas que la Generalitat debe transferir una vez recaudados los impuestos a través de una «cuota de contraprestación de los servicios prestados» y una cantidad destinada a «un fondo de reequilibrio territorial para otras regiones con menor capacidad económica». Es decir, ni siquiera las gallinas que entran por las que salen.