El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments ha activado la claúsula "default" que declara a España en "impago técnico" después de que el Gobierno todavía no haya pagado los laudos pendientes por los recortes a las primas a las renovables. La decisión del fondo se produce después de que España no haya logrado llegar a acuerdos en diferentes laudos por el recorte de las primas a las renovables, que suman cerca de 1.000 millones de euros. La cláusula activada por el fondo de inversiones estadounidense Blasket supone que estas emisiones de deuda pública, concretamente cuatro por valor de 910 millones de euros, deben ser reembolsadas inmediatamente a los acreedores, junto con los intereses correspondientes, según informó Bloomberg.

Una reclamación de este tipo, que deja en evidencia la solvencia y la capacidad financiera del Estado, no se producía desde los años 30 del siglo pasado. En concreto, no se tienen registros de una situación similar desde 1936, justo antes de desencadenarse la Guerra Civil española. Ni siquiera en alguno de los países de la Unión Europea se tiene constancia de situaciones análogas, salvo el impago que llevó a Grecia a ser intervenida por los hombres de negro comunitarios al no poder devolver plazos de los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2015.

El Gobierno ya ha negado que la posible reclamación "no tiene nada que ver con la deuda del Estado". Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá "respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado". Bloomberg indicó que el fondo señaló que la falta de pago de España ha desencadenado disposiciones de incumplimiento cruzado en el contrato de bonos que significan que el país está en 'default' técnico.

Blasket pretende que España acelere el pago de una emisión de deuda de unos 248 millones de dólares (unos 226 millones de euros) con vencimiento en 2029, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no llegara a un acuerdo por cerca de 1.200 millones de dólares (unos 1.094 millones de euros) en laudos arbitrales por los recortes en el pasado a las primas por las energías renovables. El programa incluye otras tres emisiones en circulación, en dólares, yenes y euros, por un monto de 817 millones de dólares (unos 745 millones de euros) con una redacción similar de incumplimiento. Eso significa que España podría enfrentarse a solicitudes de rescate anticipado de deuda equivalente a unos 1.100 millones (unos 1.000 millones de euros).

En concreto, esta reclamación tiene que ver con los laudos en inversiones renovables por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP en 2012 y 2013, que motivaron demandas ante el Ciadi, fundamentalmente, basándose en el Tratado de la Energía. Anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros recortes a las primas a las renovables.

Las mismas fuentes del Ministerio precisaron que ha sido "un proceso largo" en el que España lógicamente ha defendido sus intereses. La base jurídica de las reclamaciones dentro de la UE ha quedado excluida porque el TJUE concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea. Así, subrayaron que esto ha hecho que la legalidad de los argumentos de España "haya quedado muy refrendada". "No obstante, como siempre ocurre con los laudos, hay otro tipo de intereses de quienes quieren sacar un beneficio".

El mismo fondo provocó que a finales de marzo un tribunal del Reino Unido congelara, tras su petición, las cuentas de Instituto Cervantes en Londres y de una oficina de comercio exterior de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno adoptó en 2012 y 2013 una serie de medidas que recortaban las primas a las renovables que había puesto en marcha el Ejecutivo socialista anterior, y que también había recortado. En 2013 se aprobó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables, y hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje internacional para denunciar a España. Se presentaron entonces 51 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial- ante el que en total reclamaban unos 10.000 millones de euros.