Facua denuncia a 33 agencias inmobiliarias por cargar ilegalmente la comisión de gestión a los inquilinos, en contra de la Ley de Vivienda

Hecha la ley, hecha la trampa. Esta es la "filosofía" que presuntamente están siguiendo algunas agencias inmobiliarias tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda para seguir cobrando a los inquilinos la comisión de gestión, según ha revelado Facua, pese a que la norma recoge expresamente que estas cantidades debe asumirlas el propietario del inmueble. Así, la asociación de consumidores ha denunciado a 33 inmobiliarias por incumplir este apartado de la nueva Ley de Vivienda, al detectar que diversas compañías están recurriendo a diferentes trucos y argucias para seguir cobrándoles los gastos de gestión y honorarios a los inquilinos.

La asociación asegura llevar recibiendo desde finales de mayo numerosas peticiones de consumidores para conocer sus derechos ante esta práctica irregular y para solicitar que denuncie a las agencias que la están cometiendo. Además, Facua está realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, por lo que anunciará nuevas denuncias.

Por ahora, las 33 agencias denunciadas por Facua por esta supuesta irregularidad son: Alquiler Seguro; Engel&Volkers; Alfa Inmobiliaria; Housingo; Dflat; MC Property; Spanish Home; Andrés Carro Propiedades; Servicheck; HMS Real State; Oh my place; NSH; Galota; Solfai; Modus Home Realtors; Hernán Inmobiliaria; Aruncy2; Adamas Home; Inmogest; Centro Histórico Real State; Aureo Home; Consul Inversiones y Patrimonio; Homelogic o Smart Inmobiliaria.También se extiende a Domus; Antena Inmobiliaria e Inversiones inmobiliarias; Next Door Bcn y Alting; Ecom; Ágora Inmobiliaria; Lion Capital Group o Dray&Partners, señala en un comunicado. Todas estas agencias están radicadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca y algunas poseen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España. Dflat aclara a La Razón que su actividad se basa en realizar contratos de temporada, no de vivienda habitual, por lo tanto, no es de aplicación la Ley de Vivienda, que, por otro lado, sí establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para constituir "un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda".

Trucos para seguir cobrando al inquilino el mes de agencia

Facua señala que estas agencias están recurriendo a diferentes trucos para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria o sus honorarios, pese a que la ley establece de forma expresa que deben correr a cargo del arrendador.

Así, además de aquellas que anuncian o comunican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario -habitualmente, una mensualidad de la renta-, están las que inventan nuevos conceptos como la realización de un "estudio de viabilidad y solvencia económica" del inquilino; el uso de anglicismos para referirse a estos honorarios, como "fee" o servicios prestados al arrendatario que no detallan y cuyo pago imponen, entre otros.

Cómo actuar para no perder el dinero ni el piso

La asociación aconseja a aquellos usuarios que se vean obligados a pagar este concepto para no perder la oportunidad de alquilar el piso que pidan factura independiente por el concepto abonado, o que haga el abono por transferencia indicando el concepto. Posteriormente, una vez firmado el contrato y habitando ya el piso, pueden dirigirse a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad.

Además, pueden interponer una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas solicitando una multa contra la empresa por la vulneración de la normativa y si la agencia persistiese en su negativa pueden recurrir a la vía judicial. En el mismo sentido se ha pronunciado Reclamador.es, que aconseja a los posibles afectados presentar una reclamación extrajudicial exigiendo la devolución y, si no surte efecto, presentar una demanda de juicio verbal por reclamación de cantidad.