España tiene 50.475 empresas menos que cuando llegó Sánchez a La Moncloa

Aunque, pese a la desaceleración en que está metido el mercado laboral, el Gobierno alardease ayer de que la creación de empleo en los diez primeros meses del año supera ya a la del conjunto de 2022, lo cierto es que la estadística de la Seguridad Social recoge también que, en los años que Pedro Sánchez lleva en la Moncloa, España ha perdido más de 50.000 empresas.

Según los códigos de cuenta de cotización (CCC), el código numérico que se asigna a cada una de las empresas para facilitar el pago de las cuotas sociales a la Seguridad Social, en 2018, cuando Sánchez accedió a La Moncloa tras triunfar su moción de censura sobre Mariano Rayoy, había en España 1.504.189 empresas. Pero el pasado mes de septiembre, esa cifra había bajado hasta 1.453.714, lo que implica una pérdida de 50.457 sociedades en cinco años.

España sufrió una fuerte pérdida de tejido industrial con la pandemia de la que no ha sido capaz todavía de recuperarse. En 2020 los datos de la Seguridad Social muestran un retroceso de algo más de 91.000 empresas que todavía no han podido ser recuperadas por completo.

Gestión cuestionada

Los empresarios nunca se han sentido cómodos con el Gobierno de Sánchez, al que acusan de cargarles con la culpa de muchos males de los que no son responsables. Le acusan de generar un clima poco propicio para la inversión con multitud de trabas administrativas, así como fiscales. Las más recientes, los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas y a la banca, así como la intención del PSOE y Sumar de prolongarlos en el tiempo si reeditan su gobierno de coalición, han provocado ya fuertes protestas en el sector empresarial. Y no sólo protestas. Repsol, por ejemplo, ha anunciado que va a poner en cuarenta sus futuras inversiones porque considera que tasas como esta no garantizar la seguridad jurídica de la empresas.

Endesa también ha advertido de que obstaculiza la inversión. Y la banca ha recurrido el suyo ante la Audiencia Nacional. Como ha asegurado la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, hay que pagar impuestos pero, si se aprieta demasiado, la gente se marcha.

Las propuestas de nuevo cuño del pacto entre ambas formaciones de izquierdas tampoco han caído bien entre el empresariado. El deseo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas va, según los empresarios, a destrozar la competitividad de las compañías cuando este ya de por sí es uno de los grandes lastres de la economía española. Un informe del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria calcula, además, que podría destruir 273.000 empleos. Un retroceso al que, en su opinión, también contribuye la escalada vertical que ha experimentado el salario mínimo (SMI) en los últimos años y que PSOE y Sumar pretenden prolongar si retienen el Gobierno.