España tendrá un déficit de 2,7 millones de viviendas en quince años si se mantiene el ritmo actual de construcción y creación de hogares

Si el problema del déficit de vivienda actual ya es grave, en un plazo de quince años será para el sector inmobiliario alarmante si no se toman las medidas necesarias para acelerar el ritmo de producción. Según han denunciado hoy la patronal de los promotores (APCE) y la consultora Colliers en la presentación del informe "Necesidad de suelo en España 2024", desde 2014 se han ido encadenando déficits de producción por el desequilibrio entre la oferta y la demanda que ha llevado a que actualmente alcance las 408.000 viviendas. Y la situación, según han advertido, va a ir a peor a tenor de las proyecciones sobre la creación neta de hogares del INE, prevé 250.000 al año por la inmigración y el tamaño medio de las viviendas, que se va reduciendo cada vez más; y el ritmo de producción de vivienda actual, que no alcanza las 88.000 unidades anuales. Todo ello va a provocar que, de mantener la oferta y la demanda estos ritmos, el déficit de viviendas aumentará de manera exponencial, alcanzando en 2039 un total superior a 2,74 millones de unidades.

La situación, según el informe, es especialmente compleja en lugares como Canarias o Valencia, donde los hogares crecen a un ritmo siete y cinco veces superior respectivamente al de la construcción.

Para la APCE y Colliers, la razón fundamental que está detrás de la escasez de la producción de vivienda es la falta de suelo. Como denuncia el informe, la transformación de un suelo desde que deja de estar clasificado como suelo rústico hasta que se convierte en un suelo consolidado listo para edificar es un proceso lento y complejo que lleva entre diez y quince años, llegando en algunos casos a los veinte. Para poner en perspectiva lo que eso supone, el presidente de Colliers, Mikel Echavaren, ha recordado que Estados Unidos tardó en poner en la luna al hombre siete años.

Motivos

Detrás de esta lentitud en los plazos se encuentra la complejidad regulatoria, la inseguridad jurídica, la lentitud burocrática, la falta de financiación, las impugnaciones, la obsoleta normativa o los cambios políticos, según ha denunciado el presidente de la patronal de promotores, APCEspaña, Xavier Vilajoana.

Echavaren ha explicado que esta escasez de suelo, sumada al incremento de los costes de construcción, la falta de mano de obra cualificada y el incremento de los materiales, ha provocado "la reducción de márgenes y la disminución en las cifras de producción de vivienda".

Esta dilatación conlleva además, falta de inversión por la incertidumbre en los plazos de desarrollo y en los costes, mayor dificultad en el acceso a la vivienda, sobresfuerzo económico y desigualdad entre habitantes o modificación de hitos urbanísticos, añade el informe.

Sobre la inversión, Echavaren ha destacado, por ejemplo, que este año no se ha invertido ni un euro en suelo debido precisamente a esta inseguridad jurídica que reina ahora mismo en el sector. "No hay capital para fabricar el doble de viviendas. Y desde 2017, el crédito al sector promotor ha caído casi un 40%. No hay capacidad ni voluntad de financiación. Y, adicionalmente, no hay suelo", ha resumido el directivo.

Tanto Vilajoana como Echavaren han destacado que la caída de inversión es generalizada en el sector. El directivo de Colliers ha explicado, por ejemplo, que, en el caso del segmento del alquiler, en Cataluña el interés de algunos fondos es entrar con el objetivo de vender las viviendas de forma unitaria. Ambos han destacado que los inversores prefieren poner su dinero en países más seguros y que decisiones como modificar la fiscalidad de las socimi no ayudarán.

Propuestas

Para poner fin a los problemas en el desarrollo de suelo, el informe propone mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar un suministro constante de suelo urbanizable en un periodo razonable, optimizar la gestión de procesos administrativos o mayor celeridad en resolver problemas burocráticos con figuras como el agente urbanizador.

A corto plazo, demandan la concesión de ayudas para la rehabilitación del "stock" existente, permitir los cambios de uso a residencial, facilitar la puesta en carga de nuevas viviendas sin necesidad de desarrollar nuevos ámbitos urbanísticos, facilidades en la financiación de obras con la construcción paralizada o modificar las normativas municipales que condicionan la edificabilidad residencial.