Un «escudo social» por la DANA lleno de agujeros

El Gobierno activó la semana pasada oficialmente su plan de ayudas para los afectados por la DANA a través de un decreto ley que suponía un segundo paquete de protección a los damnificados, tras la publicación en el BOE de las 110 medidas adicionales por un valor de 3.765 millones de euros, que se suman al plan anunciado la semana anterior de 10.600 millones de euros para un total de 14.365 millones, aunque la mayor parte de estos fondos no son aportados por el Estado de forma directa. Además, en el largo listado de medidas presentado en persona por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se echó de menos que aclarara cuáles son ayudas directas y cuáles indirectas, y que se especificara que la mayoría de los fondos aprobados son créditos que se tendrán que devolver y moratorias que al final se acabarán pagando.

De los 10.600 millones iniciales, más de la mitad son créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) -hasta 5.000 millones de euros-, y otros 3.500 millones son aportados por el Consorcio de Compensación de Seguros -constituido con las aportaciones de las aseguradoras como garantía financiera obligatoria que cubre los riesgos extraordinarios-. El resto de fondos se repartirían en ayudas para pymes (513 millones); ayudas a autónomos (325); la prestación por cese de actividad para autónomos (52); y para los ERTE de fuerza mayor (148).

En cuanto a las medidas fiscales, se limitaron en un principio a 300 millones por el aplazamiento del segundo pago del IRPF y otros 300 por moratorias a vencimientos de plazos y procedimientos tributarios. Por tanto, de los 10.600 millones ofrecidos, sólo 2.100 serían realmente los aportados por el Ejecutivo. Y hay que tener en cuenta que los 600 millones correspondientes a Hacienda, una vez cumplida la moratoria han de ser satisfechos, con lo cual la cifra real de las ayudas directas serían unos exiguos 1.500 millones.

Con los ICO, se reedita la polémica línea de la pandemia que ha dejado un reguero de litigios

Con los ICO, el Gobierno reedita la polémica línea de avales puesta en marcha durante la pandemia, que ha dejado un reguero de litigios y un sinfín de problemas para las empresas que los solicitaron, con una morosidad que supera el 3,5% entre pymes y autónomos, y que alcanza el 4,16% en los negocios más pequeños. La propia Agencia Tributaria reconoce en un informe que estos préstamos constituyen «un régimen ciertamente complejo», con avales en los que «se comparte riesgo con las entidades financieras en igualdad de condiciones y sin las prerrogativas propias del crédito público. Es un crédito público “sui generis” muy desnaturalizado», apunta.

Por tanto, este escudo social tiene una letra pequeña que empresas y autónomos deben tener en cuenta. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha incluido una cláusula por la que las empresas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o reciban ayudas directas tendrán que devolverlas si despiden a alguno de sus trabajadores. En concreto, «las empresas y autónomos societarios beneficiarios del escudo social o que se acojan a un ERTE por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del temporal están sujetos a respetar íntegramente el peso de sus plantillas», advierten.

El incumplimiento de esta obligación conllevará que el implicado deberá reintegrar la ayuda recibida y el despido será calificado como nulo, con la obligación de tener que reintegrar a su puesto a los empleados despedidos. En el caso de contratos fijos-discontinuos, las causas ETOP y de fuerza mayor tampoco justificarán el fin del periodo de actividad ni la falta del llamamiento. Esta medida adicional también afecta a las cooperativas, que no podrán reducir con carácter definitivo el número de puestos de trabajo de la cooperativa o modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que integra la misma por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en el supuesto de fuerza mayor.

Trabajo también ha aprobado que los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo y tengan imposibilidad de teletrabajar dará lugar a permisos retribuidos para los trabajadores, con el 100% del salario, lo que ha levantado ampollas entre los empresarios, que pese a la situación catastrófica de sus empresas tendrían que asumir el pago del salario. Desde CEOE denuncian que «no se puede cargar en las empresas que han sido destruidas el pago de esos permisos. Es una locura», lo que ha provocado su rechazo frontal. También critican que gran parte de estas ayudas «las ponga el sistema financiero, a quien se quiere penalizar con más presión fiscal». Asimismo, recuerdan que son las empresas, los autónomos y los trabajadores los que «pagan cada mes sus cotizaciones para cubrir desempleo, ceses de actividad y bonificaciones en casos como esta catástrofe».

Miles de autónomos afectados por la catástrofe no podrán acogerse a los salvavidas lanzados

En el caso de los autónomos, uno de los sectores productivos más afectados, se ha aprobado una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la recepción de esta ayuda. Pero hay miles de trabajadores por cuenta propia que se han visto duramente afectados pero no van a poder acogerse a estas ayudas. Así lo ha denunciado en varias ocasiones el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, que reclamó al Gobierno que rectificara «inmediatamente» e incluyera a los miles de transportistas y autónomos que estaban de ruta o desplazados en las zonas afectadas y fueron afectados por las lluvias el día de la DANA. Pero nada de esto se ha rectificado.

El Ejecutivo especifica en el decreto ley que podrán beneficiarse de ese paquete las personas físicas, empresas y autónomos que, aunque no vivan o residan en uno de esos municipios, se hayan visto afectados indirectamente y estén sufriendo las consecuencias de los siniestros producidos por la DANA, pero no queda claro si podrán beneficiarse de las ayudas por la pérdida de sus vehículos y mercancías -sí de los ERTE y las prestación por cese de actividad-, ya que son bienes muebles, y en el texto aparece únicamente bienes inmuebles. Para muchos, el Consorcio de Compensación de Seguiros no cubre esos daños en su totalidad. Tampoco ha quedado claro en el escudo social si los autónomos y micropymes con relación comercial con las empresas afectadas en la zona y que han perdido sus contratos van a poder acogerse a este escudo social. Es decir, si le cubre la pérdida de ingresos, que en la mayoría de los casos suponen en 90% de su facturación.

También quedarían fuera de las ayudas directas los contribuyentes del IRPF por actividades económicas o del impuesto sobre Sociedades, porque según está redactado el apartado 2 del artículo 11 del decreto ley solo podrían beneficiarse los que estuvieran dados de alta con fecha 28 de octubre de 2024 y que hubiesen presentado las autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2023 de IRPF con actividades económicas. Al quedar registrado en el BOE que deben estar «dados de alta a 28 de octubre de 2024» y los que «hubiesen presentado las autoliquidaciones correspondientes de 2023», no tendrían derecho a priori, ya que «si en vez de un “y” se hubiera redactado con un “o” la situación quedaría clara, pero no es así», apuntan desde ATA. Por tanto, el cobro de las ayudas estaría vetada para todos los que se hayan dado de alta desde el 1 de mayo de 2023 hasta la DANA.

Desde el Gobierno se insiste en que la mejor solución es la línea de crédito del ICO de 5.000 millones de euros en avales para tres cuestiones «básicas, como son un anticipo para acometer obras y reformas en los hogares, también para empresas y para maquinaria y otras cuestiones de la actividad productiva» de compañías que se han visto «gravemente dañadas».

Según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, los 68 municipios impactados por la DANA albergan a más de 48.700 empresas, de las cuales más de tres cuartas partes pertenecen al sector servicios. En términos de PIB y empleo, estas empresas generan 21.819 millones de euros y emplean a 264.883 personas, de las que se han visto afectadas más de 100.000 directa e indirectamente, para un total de 400.000 afectados.