Las patronales del gran consumo han reclamado hoy el Gobierno que no espere hasta el último momento, a conocer el dato mensual de inflación, para decidir si prorroga la rebaja del IVA a los alimentos. Las organizaciones le han pedido al Ejecutivo tiempo para poder organizarse y evitar tener que hacer los ajustes necesarios en el último momento como les ha ocurrido en veces precedentes con la medida, lo que les ha acarreado "estrés y costes absurdos", como ha asegurado José María Bonmatí, director general de la patronal de empresas del gran consumo Aecoc.

Desde el sector consideran que esta rebaja fue buena medida para luchar contra la inflación y para los consumidores. Pero también creen que no se puede esperar hasta el último día para prorrogarla. Como ha explicado Ignacio García Magarzo, director general de la patronal de supermercados Asedas, en ocasiones precedentes "tuvimos que adaptarnos en cuatro días. Ahora, a un mes de que venza, necesitamos certeza de si se va a prorrogar y apostamos porque se haga porque los precios de la alimentación siguen en una situación de anormalidad. Pero las empresas necesitan saberlo ya", ha advertido.

"Regular a golpe de fin de semana es inabordable, no hay que esperar al IPC del día 28", les ha secundado Matilde García Duarte, presidente de Anged.

Pese a la contundente reclamación del sector, desde el Ministerio de Economía ya han deslizado que, aunque en principio se decidiría sobre la medida atendiendo el IPC de mayo, cuyo indicador adelantado ya es conocido, habrá que esperar a tener «detalles específicos de los componentes del IPC» para decidir en consecuencia.

Preocupación regulatoria

Aunque el del IVA de los alimentos es un asunto que preocupa al sector, hay otros de mayor envergadura que les quitan más el sueño, como la decisión del Gobierno de regular en paralelo a la Comisión Europea. Sus patronales han reclamado hoy una mayor armonización con la UE de la regulación medioambiental. En particular, los principales actores del sector observan con preocupación los altos costes y los problemas de unidad de mercado que generan las discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos de envases.

Bonmatí ha asegurado que “es clave homogeneizar y acompasar las normativas comunitarias con las de los Estados Miembros para no perder competitividad dependiendo del país en el que los operadores están ubicado".

Según el sector, uno de los casos que evidencia esta falta de alineación entre la UE y el Gobierno de España es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases español, una nueva disposición que entrará en vigor en 2025 y que, a su entender, "no ha tenido en cuenta ni el calendario ni algunas de las consideraciones del Reglamento Europeo que el Parlamento comunitario, aprobó el pasado 24 de abril".

En este caso, hay discrepancias claras en dos ámbitos fundamentales: la reutilización de los envases y el marcado y etiquetado de los mismos.

En el caso de la reutilización, denuncian que actualmente, los sistemas de reutilización de envases domésticos en el retail no existen y que, para ponerlos en marcha, es necesario desarrollar una nueva industria, con nuevas infraestructuras y nuevos procesos logísticos vinculados a importantes cambios en el sector. Como resultado, añaden, las empresas tendrán que hacer inversiones millonarias para adaptar sus líneas de producción y envasado a los envases reutilizables, todo ello en un contexto de cambio climático y crisis hídrica (el lavado y acondicionado de los envases reutilizables requiere grandes cantidades de agua).

“Como parte de esta disposición, el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los cliente. Esto implica que cada tienda tendrá que invertir entre 50.000 euros y 150.000 euros para poder adaptarse a las exigencias de la ley y en España hay, actualmente, cerca de 25.000 establecimientos en España. Esto, con el actual modelo comercial, es imposible de gestionar. Además, la medida no cuenta con un estudio de impacto ambiental y económico que determine en qué condiciones el uso de envases reutilizables retornables es mejor que el sistema actual", ha afirmado García Magarzo.

Marcado y etiquetado

Con respecto al marcado y etiquetado de envases de alimentación y bebidas, Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha advertido que “el Real Decreto español establece una serie de consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases. Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio”.

Además, según ha añadido, mientras España no permite el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, el Reglamento europeo deja la puerta abierta a que esta información se facilite a través de un código QR, una opción más económica y sostenible, en su opinión.

Quevedo también ha detallado que la nueva ley obliga a identificar y marcar los envases que sean reutilizables. Mientras tanto, el Reglamento europeo de envases aprobará un marcado armonizado distinto al en España, lo que comportará que en territorio nacional se tenga que hacer una inversión adicional de considerable impacto económico y medioambiental. "El marcado de estos envases sería irreversible y no se adaptaría a las nuevas obligaciones de la UE, pudiendo en algunos incluso llegar a inutilizar el envase", ha advertido.

Por su parte, García Duarte ha recordado que, según datos de Eurocommerce, en la próxima legislatura europea se van a abordar, en el ámbito comunitario, alrededor de 600 regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y que afectan a las empresas. “La Unión Europea y los estados miembros tienen una gran capacidad normativa que debería contribuir a la mejora de la competitividad de la UE frente a otros mercados. Sólo mejorando la productividad de las empresas podemos garantizar un crecimiento sano de nuestra economía a largo plazo, capaz de crear mejores empleos y proporcionar el máximo nivel de bienestar a sus ciudadanos. Sin embargo, el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas.”, ha señalado la presidenta de Anged.

El acto también ha contado con la participación de la secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe), Irene Zafra; la directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Beatriz Blasco, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, y el respaldo de Aces.