Los empresarios estallan contra la reforma de las pensiones: "La fiesta la pagan los trabajadores y nosotros"

A poco más de dos meses y medio de la primera de las citas electorales del año, las municipales y autonómicas del 28 de mayo, y tras los muchos frentes en contra que tiene abiertos la coalición social-comunista en el Gobierno, pocos dudaban de que la segunda parte de la reforma de las pensiones se haría sin vislumbrar el más mínimo atisbo de recortes en el gasto comprometido, aunque fuera a largo plazo. Un gasto que ronda ya los 12.000 millones de euros al mes, casi el doble –cada mes– que en 2010 (6.867 millones). Pero como España tiene comprometida una reforma que entregar a Bruselas antes de esa fecha electoral de mayo para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo si quiere recibir los 10.000 millones del cuarto tramo de ayudas, sí que habrá recortes, sobre los sueldos de los trabajadores, y alzas de los costes laborales, lo que penaliza al empleo y a las empresas, según se apresuraron ayer a denunciar los representantes empresariales, que anunciaron un «no rotundo» a esta segunda parte de la reforma del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Para empezar, Escrivá ha tenido que ceder en una parte crucial de sus pretensiones: la ampliación del periodo de cómputo, el número de años cotizados sobre los que se calcula la cuantía de la pensión, actualmente en 25 años. Esos 25 años seguirán en vigor pese a que en un principio Escrivá lanzó un órdago sobre el que empezar a debatir que mostraba sus cartas: ampliarlo diez años, hasta los 35. Los sindicatos y Podemos pusieron el grito en el cielo y avisaron al ministro de que no lo iban a aceptar y de que esta ampliación no figuraba entre las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema.

Escrivá rebajó sus pretensiones a 30 años descartando los dos peores de cotización en la vida laboral y finalmente, para contar con la aprobación de Podemos, se ha establecido que sigan vigentes los 25 años con la opción de que los trabajadores los amplíen a los mejores 27 de su vida laboral, para aquellas carreras profesionales no lineales. Es decir, aquellos trabajadores que hayan sufrido los estragos desde la Gran Recesión que arrancó en 2008 y cuyas carreras se hayan visto afectadas en los últimos años con menores cotizaciones a la Seguridad Social, bien como consecuencia de empleos peor remunerados o por el desempleo, puedan acogerse a cierta flexibilización sobre los 25 últimos años cotizados para optar por un periodo de cálculo sobre los últimos 29 años cotizados, excluyendo los dos menos favorables.

Escrivá anunció el jueves que tenía prácticamente cerrado con la Comisión Europea la reforma referente a la sostenibilidad del sistema y que por eso citaba ayer a los agentes sociales. Sin embargo, en sí misma, esta medida no garantiza la sostenibilidad del sistema ya que no supondría un recorte del gasto en pensiones. De hecho, supondrá más gasto al otorgar a los nuevos jubilados con carreras no lineales –aquellas en las que cada año se cotiza por mayor cuantía– la posibilidad de tomar los 27 años más favorables. Este «sistema dual» estará vigente desde 2026 hasta 2044, cuando el único periodo de cálculo será sobre 29 años excluyendo los dos menos positivos.

Este mayor gasto no tendría incidencia gracias al destope de las cotizaciones sociales. Hasta la fecha, la base máxima de cotización se sitúa en el 28,3% y aquellos salarios por encima de los 4.495,5 euros mensuales no cotizan de más. El destope progresivo permitirá a la Seguridad Social engordar sus ingresos con un escenario en el que, aunque esas cotizaciones destopadas acumularán derechos por mayores pensiones en el futuro, entrarán a cobrarlas cuando el «tsunami» del gasto provocado por la jubilación del «baby boom» haya pasado, allá por mediados de siglo.

En este sentido, se impone una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta cuota será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Así, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización, la cuota sólo se aplicaría por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando 5 euros adicionales en 2025. Esta cuota sólo se aplicará a salarios superiores a 53.946 euros en 2023, la base máxima de cotización hoy en España.

Además, el acuerdo contempla duplicar de manera progresiva la sobrecotización actual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), desde el 0,6% actual al 1,2%. Los empresarios pagarían el 1% y los trabajadores el 0,2% restante.

El malestar de los empresarios prosigue por la subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales. También se recogen algunas mejoras en la cobertura de periodos sin cotizar, que afectan especialmente a las mujeres; y una mejora del 10% adicional del complemento de brecha de género de la pensión en 2024 y 2025.

Todas estas medidas suponen mayores costes en cotizaciones para las empresas. La patronal criticó «la voracidad recaudatoria del Gobierno» y señaló que los trabajadores «verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución». En un comunicado conjunto, las organizaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA acusaron a Escrivá de presentar una propuesta «populista», que «socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales». Los empresarios denunciaron que el sostenimiento del sistema «se hace recaer en los trabajadores y las empresas con una subida generalizada de cotizaciones» que, según advierten, «mermará los salarios de los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro el empleo». «La propuesta es regresiva porque implica más años de trabajo, más esfuerzo y menos pensión», subrayaron.

En declaraciones a este diario, directivos de las patronales consideran un despropósito las propuestas que «ni siquiera garantizan la sostenibilidad del sistema». «Se trata de que la fiesta de las pensiones la paguen los trabajadores, con una penalización de los salarios que hará imposible que ganen poder adquisitivo, y los empresarios. Están haciendo inviables las actividades empresariales», indicaban desde la cúpula de la CEOE. «Es alargar la agonía del sistema, que tiene un problema de gasto», añadían desde la patronal.

Por su parte, tanto Podemos como el propio Escrivá celebraron ayer su acuerdo sobre pensiones, que cuenta con el beneplácito sindical. Según el departamento de Escrivá, la segunda parte de su reforma «garantiza la sostenibilidad del sistema a través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte. Las medidas contenidas en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones recaudarán entre un 1,2 % y un 1,3 % del PIB anual, una vez se desplieguen completamente el destope de las bases máximas de cotización, la cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), según fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Unidas Podemos. Tomando como base el PIB actual, la nueva reforma de las pensiones supondría una «inyección de 15.000 millones de euros».