Podemos reniega del cálculo de la pensión con 35 años que estudia Escrivá y abre otro conflicto interno

Las tensiones entre los socios de Gobierno no cesan y han incrementado su intensidad durante las últimas semanas, en pleno proceso de aprobación de los Presupuestos General de 2021. Al rechazo mostrado por la ministra económica, Nadia Calviño, al aumentó del salario mínimo interprofesional (SMI) propugnado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado con contundencia el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La semana pasada dejó claro su negativa a defender la propuesta de Podemos de reducir la jornada laboral a 34 horas a la semana «porque no es una cuestión que el Gobierno se plantee en estos momentos». Y ayer reabrió otro melón de enfrentamiento con la formación de Pablo Iglesias al estar barajando elevar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión.

Desde Podemos se oponen frontalmente a este extremo y enfatizaron que «no está en el acuerdo de coalición» y sería dar pasos «hacia atrás», denunció la portavoz del partido, Isa Serra, que avisó al Gobierno de que en esta cuestión no cuentan con su aval y de que la futura medida en ciernes no va «en la buena dirección. Esperemos que no se pretenda llevar a cabo por parte del PSOE», apuntó como advertencia de que cualquier incumplimiento del acuerdo de Gobierno firmado en enero entre ambos partidos tendrá consecuencias, si se «contemplas medidas de estas características».

Para Serra es «fundamental garantizar el nivel adquisitivo de los pensionistas», como se ha hecho con las subidas previstas en los Presupuestos. Pero, respecto al tiempo de cómputo, recalcó que «todo lo que sea ir hacia atrás no está basado en el acuerdo de Gobierno al que llegamos el PSOE y Unidas Podemos y no es la buena dirección».

La propuesta de Escrivá de aumentar hasta 35 años el cálculo de la pensión supone incluir en este baremo todos los salarios y cotizaciones de la vida laboral, incluidos los que corresponden a los primeros años, los que normalmente acumulan menos ingresos y cotizaciones, lo que perjudicaría el cómputo final de la pensión que recibirían los futuros jubilados. El ministro no quiso ayer añadir más tensión a sus relaciones ya de por sí enrarecidas con Podemos, por lo que se escudó en la «discreción» y en la «prudencisa» en el ámbito del diálogo social para no dar detalles y evitar que los agentes sociales –ya de por sí nerviosos por asuntos como la subida del SMI o el anuncio de posibles sanciones a los contratos de corta duración no justificados– entren también en ebullición y compliquen futuros acuerdos.

La patronal CEOE volvió a mostrarse cauta en su reacción y no quiso echar leña al fuego, limitándose a apuntar que «mientras que no esté en la mesa de negociación no podemos valorarlo, porque no tenemos ni conocimiento, ni detalles, ni nada. Cuando lo plantee, lo estudiaremos y daremos nuestra opinión». Más combativo se mostró el sindicato UGT, que expresó su desconcierto con esta forma de actuar de algunos ministros, «que se está convirtiendo en algo habitual. Esperemos que planteen las cosas donde deben, en la mesa de diálogo».

El titular de Seguridad Social ha aprovechado una de las recomendaciones del informe aprobado por el Pacto de Toledo –la quinta, en concreto–, que contempla la «evaluación progresiva de la ampliación del periodo de cotización necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora, prevista en la Ley», para abrir la puerta a esta iniciativa, que en la mayoría de los casos bajaría ostensiblemente la cuantía final de la jubilación al término de la vida laboral de los trabajadores.