Energía

El Supremo duda de que los recortes a las renovables sean legales

Industria rebajó en 2014 en 1.700 millones de euros las primas a las energías «verdes»

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Sorialarazon

El Tribunal Supremo duda de la constitucionalidad del nuevo régimen retributivo a las energías renovables, la cogeneración y los residuos que aprobó el Ministerio de Industria, dirigido por José Manuel Soria, en el marco de la reforma eléctrica. Por ello, ha dado un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las partes que recurrieron tal modificación normativa para que se pronuncien sobre la procedencia o no de plantear ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad. Con esta decisión, los magistrados deciden suspender el plazo para dictar sentencia en estos 30 recursos de los alrededor de 400 presentados contra el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Los productores renovables recurrieron estos cambios al considerarlos, por un lado, retroactivos, y por otro, insuficientes para retribuir a estas fuentes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo entiende que la aplicación del nuevo régimen retributivo específico a las instalaciones preexistentes – tal como se contempla en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, y en la disposición final tercera de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico– puede vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución sobre los límites a la retroactividad de las normas y a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

Inconstitucionalidad

Del mismo modo, entiende que hay dudas sobre la constitucionalidad de las normas recogidas en el citado decreto-ley y en la Ley del Sector Eléctrico, que establecen la entrada en vigor de forma inmediata del nuevo régimen retribuitivo específico. Y, por otro lado, porque esas normas pueden generar un periodo de incertidumbre desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta la promulgación de las disposiciones de desarrollo, ya que durante ese tiempo «las empresas quedan abocadas a desarrollar su actividad sin conocer el régimen juridico y retributivo que les va a ser de aplicación también en ese periodo intermedio».

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, abordó una ambiciosa reforma energética destinada a atajar el déficit de tarifa, una deuda histórica acumulada en el sector eléctrico. Entre las medidas tomadas, figura un cambio en el modo de retribuir a la energía eléctrica producida por fuentes renovables que conllevó un recorte, de aproximadamente unos 1.700 millones de euros, a las ayudas que recibían estas tecnologías.