Los socios de España en el Eurogrupo asumen que nuestro país no podrá entregar a tiempo el presupuesto de 2017, por lo que esperan unas cuentas prolongadas

Una de cal y otra de arena. La zona euro está dispuesta a ser comprensiva con la situación de excepcionalidad que atraviesa la política española. Por eso, Bruselas acepta con resignación el retraso en el envío de los presupuesto de 2017 (España sólo podrá enviar una prórroga de los de este año). No obstante, no aclara si con el decreto que quiere aprobar el Gobierno sobre el adelanto del pago del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas será suficiente para evitar la congelación de los fondos europeos tras el derrape presupuestario de 2015. Además, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, puntualizó que tarde o temprano nuestro país deberá hacer los ajustes pertinentes para tapar su agujero fiscal y el representante francés del BCE, Benoit Couré, aprovechó la reunión de ayer de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro en Bratislava para pedir que no se socave la credibilidad de las normas europeas sobre déficit público.

Resulta evidente que el perdón conseguido por parte de España y Portugal en julio con el levantamiento de la multa por desfase presupuestario en el año 2015, si bien fue respaldado por una amplia mayoría de países, sigue levantando ampollas. La intervención del representante del Eurobanco en rueda de prensa a una pregunta sobre España y sin que nadie le pidiera su intervención, parece responder a este resquemor. «Tenemos un marco fiscal en Europa que está basado en reglas que hemos acordado, y como se dice en el informe de los cinco presidentes, las reglas tienen que ser aplicadas de manera transparente, consistente y predecible», aseguró el banquero francés al término de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, si bien aseguró no estar refiriéndose a ninguna decisión en concreto tomada por las instituciones europeas.

Couré también alertó de las consecuencias de no aplicar las normas y advirtió de que esto «haría más difícil avanzar hacia una unión fiscal más profunda». Por eso, pidió a la Comisión y a los gobiernos nacionales actuar pensando en el largo plazo.

No fue la única advertencia de ayer. Dijsselbloem, a su entrada a la reunión, ya había asegurado que «independientemente de las decisiones del verano, los problemas presupuestarios de España no se han evaporado, siguen ahí. Le tocará al nuevo Gobierno retomarlos y volver a la senda correcta». Bruselas mira con perplejidad el largo «impasse» institucional de ocho meses vivido por nuestro país pero admite que no puede hacer nada para evitarlo. «No podemos formar Gobierno en España, aunque algunas veces nos gustaría. No depende de nosotros, le corresponde a los electores y a los políticos», resaltó con retranca el holandés.

Nuestro país debe cumplir con la nueva senda presupuestaria trazada en el mes de julio y que supone terminar el 2016 con el 3,6% de déficit para pasar al 3,1% en el 2017 y al 2,2% en 2018. A finales de julio, la Comisión Europea decidió retrasar cualquier decisión sobre el nuevo calendario de reducción de déficit hasta contar con las previsiones de Airef, la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal. Según estos datos nuestro país podría alcanzar el 3,6% sin llevar a cabo ninguna acción adicional este año. En consonancia, Bruselas decidió no pedir a nuestro país ningún esfuerzo para el año 2016 y decidió postergar los deberes a 2017 y 2018, consistentes en 10.000 millones de ajuste estructural (no dependiente del ciclo económico). Pero ese escenario tiene visos de no materializarse. El nivel de ingresos está cayendo y el Ejecutivo necesita aprobar el adelanto del pago de Sociedades, contabilizado en 6.000 millones, para asegurarse de que cumplirá este año con la meta fiscal y como muestra de buena voluntad hacia nuestros socios europeos.

El Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, no adelantó si será suficiente esta medida para evitar la congelación de fondos europeos. Una propuesta que debe llegar tras el diálogo con el Parlamento Europeo a finales de septiembre o principios de octubre y que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro quieren que se tome lo antes posible.

El Comisario francés prefiere no adelantar acontecimientos y recordó que esta propuesta no es una medida «discrecional», sino que debe llevarse a cabo. Aunque cabe la posibilidad de que ésta congelación no se materialice si se ponen en marcha las medidas consideradas como «efectivas» por parte del ejecutivo europeo y que esta interrupción de los fondos a partir de 2017 siempre pueda revertirse ( no es una sanción a fondo perdido, como la multa).

El titular de Economía español, Luis de Guindos, confió en que la modificación en Sociedades sea suficiente. Al término de la reunión de ayer del Eurogrupo, recalcó que esta medida estaba incluida en el pacto de investidura con Ciudadanos y pidió al partido socialista su apoyo.