El Banco de España urge una reforma de calado de las pensiones

Reclama un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, sin demoras injustificadas, aunque no llegue a alcanzarse un consenso absoluto entre todos los integrantes.

El Banco de España cree que la economía española presenta un «crecimiento robusto», superior incluso a lo previsto, aunque «en un entorno global incierto». La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, en el tradicional lenguaje ambiguo de los bancos centrales, da una de cal y otra de arena en su Informe Anual, presentado ayer y que condensa las opiniones y las recomendaciones económicas de la entidad, que van dirigidas a la sociedad y sobre todo, por elevación, al Gobierno.

Los responsables del Banco de España son algo más claros cuando abordan el futuro delas pensiones. Reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez –y de rebote al resto de las fuerzas políticas– una reforma urgente de las pensiones, con «medidas de calado». Eludir esas reforma provocaría importantes problemas futuros, porque «si se quisiera mantener un sistema contributivo basado en el nivel actual de cotizaciones sociales, la tasa de beneficio de ese sistema tendría que disminuir», escriben los autores del Informe Anual del Banco de España. Traducido a un lenguaje más coloquial significa que si no se abordan reformas, las pensiones podrían sufrir recortes –bajadas– importantes en el futuro. Además, entienden que los cambios deben hacerse antes de que lo que llaman «el votante medio», que ahora tendría 43 años, envejezca más, porque entonces sería todavía más difícil acometer las medidas que serán necesarias. Hace una apelación a que haya equidad generacional, es decir, que se tenga en cuenta a los jóvenes que, si no hay reformas, tendrán que apechugar con lo que consideran que sería «una carga excesiva».

Además, los responsables del Banco de España consideran que también sería necesario que el denominado Pacto de Toledo, en el que participan la práctica totalidad de fuerzas parlamentarias, adoptara un acuerdo para la reforma de las pensiones, aunque no fuera por unanimidad. En la presentación pública del informe, las palabras exactas de los expertos del Banco de España fueron: «Tampoco es imprescidible un consenso absoluto en el Pacto de Toledo».

Los autores del informe critican que se haya suspendido la aplicación del factor sostenibilidad y que se vuelva a un sistema de revalorización anual de las pensiones sin adoptar otras medidas, y recomiendan extender la edad efectiva de jubilación, que todavia está por debajo de los 65 años. Además, sugieren un mayor desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones, es decir, los fondos de pensiones privados.

Un asunto demográfico

La demografía, con una muy baja tasa de natalidad y una población cada vez más enjevecida, con una esperanza de vida más elevada, condicionará el futuro económico del país. Los efectos se extendenderán no sólo a las pensiones, sino también al consumo, al ahorro y la inversión. El Banco de España precisa que, por ejemplo, «la inversión en bienes de equipo –maquinaria– y en vivienda también depende del crecimiento de la población y de las expectativas de renta». Eso supondrá cambios signicativos en las futuras políticas económicas, que los diferentes Gobiernos tendrán que tener en cuenta. Un aumento de la población de mayor edad –de jubilados– complicará la aplicación de las políticas económicas, no solo porque demandarán más servicios –y serán muchos votantes–, sino porque con la edad la población tiene menos propensión a consumir e invertir que cuando es joven. Por eso, en el Banco de España insisten en que «será necesario –imprescindible– que aumente el empleo a edades más avanzadas». Además, la generación del «baby boom» –nacidos a partir de 1963– y las siguientes llegarán a la jubilación con menos patrimonio y menos ahorro líquido, lo que recomendaría buscar fórmulas para poder obtener rentas del patrimonio inmobiliario –hipotecas inversas, por ejemplo– como alternativa.

Los responsables del Banco de España, por otra parte, están en contra de cualquier limitación del precio de los alquileres de la vivienda y critican los posibles planes para legislar en ese sentido, impulsados por algunos paridos políticos y que el Gobierno podría estar dispuesto a escuchar. «No parece adecuado –escriben– limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles». Defienden, por el contrario que los propietarios tengan más seguridad jurídica para que se animen a colocar en el mercado de alquiler sus propiedades inmobiliarias, sin temor a enfrentarse con quebrantos o problemas de difícil solución.