Economía y Trabajo aprobarán la reducción de jornada el martes que viene por el trámite de urgencia y sin cambios

El Ministerio de Economía y el de Trabajo han acordado este lunes que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales se apruebe en el próximo Consejo de Ministros, el 4 de febrero, por la vía de urgencia. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya había anunciado esta mañana que la medida se aprobaría previsiblemente el próximo martes para que "sea una realidad lo antes posible".

En la tarde de este lunes, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos tenía previsto analizar su implementación y decidir si la medida se tramitaría de forma urgente, como exigía el Ministerio Trabajo, u ordinaria, como quería Economía. Tras semanas de desacuerdos entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Cuerpo, el pacto ha llegado esta tarde en la Comisión, donde la balanza se ha inclinado hacia la opción defendida por Trabajo.

Además, el Ministerio de Economía ha aceptado también este lunes no modificar el texto que Trabajo acordó con las organizaciones sindicales para llevar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 desde las 40 horas semanales actuales. No obstante, el Gobierno reconoce que "la tramitación parlamentaria el texto podrá someterse a modificaciones, para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios" y se contemplan medidas de flexibilidad, en particular para las pymes, que asumirían más del 50% del impacto de la medida.

Antes de obtener el visto bueno del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley debe aprobarse en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (Cgseys) que se celebrará esta semana. El último escollo que deberá superar el recorte de jornada será su aprobación en el Congreso, para lo que el Ejecutivo necesita una mayoría parlamentaria que se ha desmoronado tras el rechazo al decreto ómnibus.

De llegar a salir adelante, incluso el trámite de urgencia no garantiza que su implantación definitiva sea inminente, ha reconocido la propia ministra de Trabajo. Eso sí, la medida podría cumplir con los plazos y, si consigue el visto bueno del Congreso de los Diputados, podría aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición.