Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar después de los pésimos resultados obtenidos por su formación en las elecciones europeas de este pasado domingo. Seguirá siendo, eso sí, vicepresidenta segunda del Gobierno y quién sabe sí futuro cargo orgánico del PSOE.

Sea como fuere, este cercenamiento político de la cabeza de Yolanda Díaz supone un duro mazazo político y económico contra el Gobierno de coalición. Mazazo político porque su estabilidad parlamentaria pasa a pender de un hilo: si hasta ahora el Gobierno PSOE-Sumar contaba con apenas 152 diputados de los 175 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso (121 PSOE y 31 de Sumar), a partir de ahora sólo tendrá garantizados los 121 del PSOE.

A la postre, hoy por hoy Sumar es una ensalada de partidos con intereses diversos y sin un liderazgo claro dentro del Ejecutivo que asegure la disciplina de voto: es verdad que, por la cuenta que les trae, no harán caer al gobierno tumbando sistemáticamente su agenda legislativa, pero la fragilidad política del gobierno se acrecienta con claridad.

Y mazazo económico porque Yolanda Díaz era la cabeza visible de algunas de las políticas socialdemócratas más reconocibles de este gobierno: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o la llamada «Ley Rider». Su dimisión, a la postre, supone un bofetón simbólico, casi una enmienda, contra el resto reconocible de esa política social.

Que sí, que las causas de la caída de Yolanda Díaz habrán sido otras (como puede ser su enfrentamiento con Podemos y el desencanto del electorado de izquierdas), pero que el castigo electoral de este gobierno se haya concentrado en el rostro social más visible del mismo constituye una clara derrota de su imagen social y económica.

En definitiva, las europeas han supuesto un duro revés para un gobierno que ya nació muy debilitado: Sánchez de momento no ve peligrar su sillón pero algunas de las torres más reconocibles de su gobierno de coalición ya se han venido abajo.