Díaz Ferrán, acusado de esconder su fortuna para no pagar a sus acreedores

La Audiencia Nacional ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, después de que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán haya renunciado a hacer uso de su turno de última palabra y haya dado las gracias al tribunal.

La Audiencia Nacional ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, después de que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán haya renunciado a hacer uso de su turno de última palabra y haya dado las gracias al tribunal.

El exjefe de la patronal se enfrenta a dos años y cuatro meses de cárcel y al pago de una indemnización de 99 millones de euros a Hacienda por eludir el pago del Impuesto de Sociedades con la adquisición de la aerolínea.

El tribunal, presidido por el magistrado José María Vázquez Honrubia, ha puesto fin a la vista oral tras preguntar a los acusados si deseaban pronunciar algo en su descargo. "No, no quiero decir nada más. Muchas gracias", se ha limitado a decir Díaz Ferrán.

El expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata, que se enfrenta a la misma pena, ha aprovechado para agradecer al tribunal que expusiera durante el juicio su propósito de buscar la "verdad material"y ha lamentado que este caso haya pasado en manos de cuatro jueces instructores, con cambio de fiscal incluido. "Me considero absolutamente inocente del delito que se me imputa", ha apostillado.

Poco antes, los abogados defensores han solicitado la absolución de sus clientes ya que no se les puede atribuir "conducta reprochable"alguna. Según han dicho, los socios de Air Comet lograron reflotar una compañía ruinosa como Aerolíneas, hasta que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la expropió, "provocando el hundimiento de Viajes Marsans".

Auto

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de haber cobrado 1,06 millones de mano del empresario valenciano de Ángel De Cabo gracias al vaciamiento de Marsans.

En un auto, el magistrado transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado acusa a De Cabo y Díaz Ferrán -que ha sido ya juzgado por fraude fiscal por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet-, de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a De Cabo; a su "mano derecha", Iván Losada; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y Enrique Pardo Manrique; al financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas.

Mientras, el juez archiva las actuaciones con respecto a los cuatro hijos de Gonzalo Pascual, socio ya fallecido de Díaz Ferrán, que el próximo jueves cumplirá su primer año en prisión provisional por estos hechos, al igual que De Cabo, al no haber abonado las fianzas de 5 y 3 millones, respectivamente, que les impuso el juez.

Según relata el auto, los dos socios eran propietarios del holding empresarial formado por Viajes Marsans, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras, las cuales comenzaron a partir de 2009 a "mostrar dificultades financieras", lo que les obligó a "afianzar"las deudas del grupo con su patrimonio, que era a su vez "poseído a través de distintas sociedades".

Dado que la declaración de concurso era "inevitable", ambos decidieron iniciar un proceso de enajenación de las compañías y bienes y sociedades patrimoniales con el fin de "de excluir de dichos procedimientos concursales los activos".

Para ello, "se concertaron"con De Cabo, quien venía dedicándose "al vaciado de compañías en situación de concurso o abocadas a él en perjuicio de sus acreedores"a través de una estructura empresarial en las que el dueño de Nueva Rumasa "distribuía las funciones y cursaba las instrucciones".

Así, cerraron un acuerdo por el que recibirían mensualmente de éste 100.000 euros cada uno hasta alcanzar los ocho millones, dinero que se extraía de los activos de las sociedades del Grupo Marsans.

Por tales conceptos, dice el juez, Díaz Ferrán cobró hasta octubre de 2012 1.016.000 euros y Pascual, que falleció en junio de ese año, 986.454,89 euros.

Entre las operaciones dirigidas al vaciamiento, Velasco cita las ventas de concesiones para el transporte público de viajeros por carretera y de Teinver -matriz de Marsans- a la empresa de De Cabo Possibilitum, a la cual se cedió la gestión también de Hotetur.

Asimismo, menciona la venta por parte de Díaz Ferrán y Pascual a De Cabo y sus respectivas esposas de participaciones sociales de Consulting XXI, Grudisan, la retirada y apoderamiento de 10 millones en efectivo procedentes de Trapsatur y el desvío de 33 millones de dólares de Astra Worldwide.

También recoge la venta que realizó Díaz Ferrán de sus dos apartamentos en Nueva York, el castillo El Alamín y otras fincas en Madrid y Palma de Mallorca, un yate y coches de alta gama.

Una vez vaciadas y traspasadas las sociedades, De Cabo realizó distintas transferencias con los bienes para ocultar su origen ilícito, para lo cual los acusados dotaron de soporte documental "inauténtico"a los traspasos de activos entre sociedades y a situarlos en centros financieros offshore como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá.

De Cabo abrió cuentas allí "simulando deudas o gravámenes"en beneficio de sociedades domiciliadas en estos países, emitiendo facturas o suscribiendo hipotecas que no respondían a operaciones reales.

Con ello conseguía seguir controlando el patrimonio detraído de las empresas y personas concursadas, ocultando la verdadera titularidad del mismo.