Díaz amenaza a los empresarios: aprobará la reforma aunque la CEOE no firme

El Gobierno acometerá la reducción de jornada "aunque no lo respalde la patronal" y, además, "haremos disuasorio el despido". Alta y clara sonó en el Congreso de los Diputados la nueva amenaza contra los empresarios lanzada al aire por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, no obstante, anunció que convocará al diálogo social para negociar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas y la reforma del despido "para que se adecúe con la Carta Social Europea". Pero esta puerta abierta al diálogo no ha estado exenta de una nueva advertencia a las patronales CEOE y Cepyme, sobre que una nueva negativa a su propuesta no servirá para parar estas reformas.

Así ha marcado Díaz lo que será su línea de actuación a partir de ahora para esta XV Legislatura, en el mismo sentido que ya ha hecho con el salario mínimo interprofesional (SMI), que lo ha elevado un 5% de manera unilateral, sin el apoyo empresarial.

Después de defender que la reducción de la jornada beneficiará a 12 millones de asalariados en el sector privado, confirmó que este será uno de sus principales objetivos a cumplir durante los próximos cuatro años porque es una reforma que permitirá "mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social" y, además, está "respaldada también por votantes de derecha y extrema derecha" -aseguró con cierta sorna, aludiendo a una encuesta sin concretar-.

Aunque la ministra afirmó que "me gustaría que el acuerdo para reducir el tiempo de trabajo cuente con el apoyo de los agentes sociales", confirmó que volverá a tirar de un "acuerdo bipartito" de Gobierno y sindicatos si los empresarios no secundan sus propuestas. "A mí me gustaría que fuera tripartito, pero si no puede, será sólo con los sindicatos, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social".

En cuanto a los cambios que pretende lleva a cabo sobre el despido, reiteró que su intención es adecuar la legislación española a la Carta Social Europea para que la empresa no pueda "despedir sin causa reconocida" al empleado, por lo que ya ha anunciado que se pondrá fin al despido automático en caso de invalidez permanente y reformar el resto ante la oficialización de determinadas invalideces. La ministra quiere validar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictaminó que una empresa no puede despedir a un trabajador con discapacidad permanente sin hacer previamente "ajustes razonables" para permitirle conservar su empleo ni demostrar que esos cambios supondrían una carga excesiva.

Para completar el combo laboral de anuncios, Díaz anunció que también se tratará en la citada mesa de diálogo social la siniestralidad laboral para modificar la ley de prevención de riesgos laborales, "que se ha quedado en el siglo pasado" para acabar con "esa lacra que son los accidentes de trabajo". Según detalló, el Gobierno quiere abordar las patologías relacionadas con la salud mental y su peligrosidad en el trabajo, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud laboral de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) y las empleadas del hogar.

Asimismo, la ministra reconoció que elaborará su ansiado y nuevo "Estatuto del Trabajo del siglo XXI", que denominó como uno de lo "grandes caminos pendientes a recorrer", para lo cual confirmó su intención de convocar una nueva comisión de expertos para comenzar los trabajos previos, así como que trabajará "con carácter inminente" con el resto de grupos el texto de la "transposición de la directiva de transparencia en las condiciones laborales".

Para no dejar nada en el tintero, volvió a la carga con la inclusión de representantes sindicales y de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, un proyecto que tuvo que aparcar en 2022 y que ahora quiere revitalizar. "Si los trabajadores estuvieran en los consejos de las empresas, determinadas decisiones de deslocalización no se producirían" y el "no se tomarían decisiones sólo basadas en el reparto de dividendos", ha destacado Yolanda Díaz, que abundó en que su intención es que accedan a la propiedad de los derechos de producción, sobre la que ha dicho que es "cumplir un mandato de la Constitución".

Antes de poner fin a sus palabras, volvió a criticar con dureza a los que votaron en contra de la reforma del subsidio de desempleo, y les advirtió -mirando a los escaños de Podemos- que "lo volveremos a traer porque es una reforma inaplazable porque dejado sin cobertura a colectivos como los menores de 45 años sin cargas familiares o los temporeros agrarios".