El diálogo social tripartito entre Gobierno, empresarios y sindicatos vive uno de los peores momentos de la historia reciente, al menos por parte de la patronal, que ha visto cómo se les ha ido excluyendo sistemáticamente durante los últimos acuerdos ante la imposibilidad de que pudieran suscribir unos pactos «dañinos para nuestros intereses», apuntan fuentes empresariales, que recuerdan que desde su apoyo a la reforma laboral, el Gobierno ha «incumplido su palabra e incluso ha vulnerado la Constitución española por no consultar a los agentes sociales medidas que está tomando de manera unilateral».

Este último golpe al diálogo social tiene que ver con las decisiones que esta semana ha vuelto a tomar el Gobierno unilateralmente, lo que ha provocado que el puente que une a los agentes sociales tiene una estructura cada vez más quebradiza y empieza a dar síntomas de colapso tras el último episodio, protagonizado por Pedro Sánchez y secundado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que han modificado el reglamento del Consejo Económico y Social (CES) vía BOE para que entren en su consejo más organizaciones empresariales de carácter regional. Un movimiento que tiene una lectura más profunda, ya que abre la puerta de par en par al diálogo social a asociaciones afines a partido de la coalición gubernamental, como Pimec, del entorno independentista catalán e integrada en Conpymes, la organización que amadrina Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y que apoyan Sumar, Podemos y la propia Yolanda Díaz.

Para los empresarios, este paso es «una nueva traición» al diálogo social y «ahonda en la deriva intervencionista» del Gobierno. La patronal empresarial CEOE, la de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, y de los autónomos, ATA, han acusado directamente al Gobierno de «forzar la entrada en el diálogo social de actores afines a sus intereses» y de querer romperlo tras «colar en la reforma del subsidio por desempleo medidas que modifican el reglamento del CES para sumar organizaciones amigas «para tener mayor control sobre el diálogo social».

Las tres patronales denuncian que el Gobierno toma decisiones en el ámbito de las relaciones laborales de forma «unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores». Y acusan directamente al Ministerio de Trabajo y a su titular, Yolanda Díaz, de estar «deliberadamente» vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, «en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual». Por ello, consideran que es una cuestión «especialmente grave» porque la reforma laboral constituyó un hito del Plan de Recuperación «que sirvió para atraer cuantiosas cantidades de dinero a España».

La patronal catalana Foment del Treball ha ido incluso más allá y ha acusado a Pedro Sánchez de ser un presidente «autoritario y filibustero» que ha decidido «dinamitar» el diálogo social, una de las «herramientas de cohesión más valiosas que tiene este país» y sus acciones le llevan a pensar que su intención es «legislar contra los empresarios». Foment considera que esta «política de hechos consumados es especialmente lesiva» para la actividad económica», ya que «se impone sin negociar, no solo porque no cumple con la legalidad sino que «hace imposible la confianza basada en la buena fe entre las partes» y es claramente «inconstitucional».

Las patronales consideran que es «incomprensible» la actitud del Gobierno de «querer romper el diálogo social» al imponer este cambio en la representatividad empresarial. Aunque aseguran que, «de momento», mantienen los canales abiertos para poder ofrecer a la sociedad el «necesario clima de entendimiento y convivencia y las mejores soluciones posibles a los problemas reales», desde el «trabajo conjunto en las mesas de diálogo social y desde la autonomía de las partes en la negociación colectiva», advierten de que no «vamos a permitir que se nos siga ninguneando. Seguimos con la mano tendida, pero todo tiene un límite», aseguró a LA RAZÓN Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA. «El diálogo social, tal como lo entiende el Gobierno ahora mismo, está muerto y roto por su deslealtad y su falta de negociación. El Gobierno lo que hace es que si no logra un acuerdo en la mesa del diálogo social decide aprobarlo de manera unilateral. El diálogo social no consiste en imponer».

Amor recuerda que el Ejecutivo ha vulnerado lo que se firmó en la reforma laboral, lo que se pactó en la reforma de las pensiones, lo que estableció en el RETA, ha decidido elevar el SMI «bajo la premisa de yo lo subo y tú lo pagas, sin tener en cuenta la situación económica ni de las empresas», reitera Amor, que afea al Gobierno que los empresarios firmen estas reformas y «luego se las salten a la torera cuando quieran. El diálogo social se basa en una relación de confianza, de compromiso y de lealtad, y el Gobierno no cumple ninguna de ellas».

En esta tesitura, el presidente de ATA avisa de que «será muy difícil, por no decir imposible, que firmemos algún acuerdo más, porque sin lealtad y sin confianza no se puede llegar a una acuerdo, sobre todo cuando lo que se hace es imponer lo que tú quieres».

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado muy gráficamente en diversas ocasiones cuál es la forma de actuar del Gobierno. «No se puede hablar de diálogo social cuando te dan el final del partido con el resultado incluido. Decir que vamos a negociar, pero éste es el resultado final, diálogo no es».

La lista de desacuerdos entre Gobierno y patronal es ya muy larga. Sobre todo con la reforma laboral, que «ya parece otra reforma, no la que firmamos», aseguran los empresarios. Y razón no les falta tras las modificaciones que se han ido haciendo «a hurtadillas» desde 2021, por ejemplo, sobre los despidos que han tenido una baja por incapacidad temporal, que son considerados nulos por discriminatorios, a menos que la empresa pueda desligar los motivos de la baja; los despidos colectivos, que la Inspección de Trabajo tiene que emitir un informe para comprobar que se ha cumplido el procedimiento; la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos por encima de los estatales; los nuevos permisos retribuidos, que conllevan la ausencia de los empleados de su puesto de trabajo; el permiso no retribuido de ocho semanas; la subida de las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social de la base máxima sin tratarlo previamente con los agentes sociales; o las subidas del SMI pactadas solo con los sindicatos. «Nos han ido colando una profusión de normas que están provocando una enorme inseguridad jurídica», por lo que reclaman al Gobierno que «por favor, volvamos de verdad a la mesa del diálogo social para reconducir las propuestas del Gobierno. Es la única manera. Si no, el diálogo está muerto si solo una parte decide».