Consumo estudia multar a varias inmobiliarias con hasta 100.000 euros por cobrar comisiones por alquilar

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a varias empresas de gestión del alquiler de viviendas que supuestamente habrían obligado a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada. Según ha podido constatar Consumo, serían varias empresas que operan en todo el Estado y que habrían cometido prácticas abusivas contra consumidores en la gestión del alquiler.

La Dirección General de Consumo ha abierto esta investigación formalmente tras tener conocimiento de estas prácticas a través de diversas denuncias presentadas por asociaciones de consumidores.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere dejar claro que "trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida" expresamente por la ley por el derecho a la vivienda del pasado año. En este sentido, recuerda a las empresas que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley de arrendamientos urbanos, una normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos, ya que podrían suponer un abuso según la ley de defensa de los consumidores.

Advierte de que el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas y el uso de prácticas comerciales desleales con consumidores o usuarios podrían calificarse como graves y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros. Esas cantidades, recuerda la fuente, podrían alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Por otra parte, la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos podría considerarse muy grave y ser sancionada con multas de hasta un millón de euros, una cantidad que podría alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Estas prácticas se enmarcarían dentro de otras que son contrarias a las normas vigentes, como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.

Las inmobiliarias reaccionan

Las grandes empresas de gestión del alquiler de vivienda han recibido con indignación el anuncio de que el Ministerio de Consumo las está investigando y temen que esa investigación forme parte de una "operación" de Sumar desde el Gobierno para hacerlas "desaparecer". Alquiler Seguro, Agencia Negociadora del Alquiler y Renta Garantizada son algunas de las principales compañías que operan en este mercado y a las que, según las fuentes, Consumo está "decidido a sancionar porque quieren que los profesionales del alquiler desaparezcan y se dediquen solo a la compraventa".

Para estas franquicias, el punto de conflicto es la "interpretación diferente" que tienen con Sumar y los sindicatos de inquilinos del artículo de la ley de vivienda que establece que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

Desde el sector asumen que "van a multar a un montón" de estas franquicias por una "cuestión de interpretación de la ley de vivienda", que a su juicio, "está redactada para acabar con el negocio de los profesionales y que desaparezcan las empresas inmobiliarias y los agentes de la propiedad inmobiliaria y se dediquen solo a la compraventa".

Por su parte, el presidente de la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha pedido “prudencia en relación a informaciones que tiendan o den pie a generalizar sobre el incumplimiento de la ley de la vivienda por parte de las agencias inmobiliarias". “Ante las malas prácticas premeditadas de unos pocos, tolerancia cero por parte del sector”, ha sentenciado Alfaro en unas declaraciones a Efe.