La Comisión Europea, en alerta ante el traspaso de Rodalies a la Generalitat

Aunque desde la lejanía geográfica, la Comisión Europea observa muy de cerca los pasos que están dando el Gobierno y la Generalitat para el traspaso de la gestión integral de Rodalies -las Cercanías de Cataluña- al ejecutivo autonómico. Y hay aspectos sobre los que está especialmente alerta. Fuentes al tanto del proceso aseguran a LA RAZÓN que la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG Move) de la Comisión Europea tiene en el foco el traspaso de la línea R1, que conecta Barcelona con Masanés (Gerona), así como su posible segregación de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

La RFIG, que está gestionada por Adif, está integrada por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas autonomías y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional. Desde la Generalitat defienden que no hay motivos para mantener la R1 en esta red al considerar que nace y muere en Cataluña. La única excepción que contemplan para desgajarla de esta red sería la Bifurcación de La Sagrera, en Barcelona, que se mantendría bajo el paraguas de la RFIG porque da servicio a otras infraestructuras estatales.

Consecuencias

La Generalitat dio luz verde a mediados de enero al inicio del traspaso y su segregación de la RFIG, un aspecto que se abordó ayer en la Comisión Bilateral de Infraestructuras que reunió en Barcelona a representantes de la Generalitat y del Ministerio de Transportes. Un movimiento que, según las fuentes consultadas, tendría consecuencias más allá de la mera titularidad de la línea. Tal y como explican, la mera transferencia de la titularidad de la línea a Cataluña no implicaría mayor problema. Pero advierten de que, a efectos operativos, la cuestión ya es más delicada. Según detallan, las infraestructuras incluidas en el RFIG están sujetas a una serie de regulaciones en cuestiones como seguridad, señalización o interoperabilidad que emanan de Bruselas y que obligan a una adecuada inversión para cumplirlas. Pero advierten de que, si se la R1 se excluyera de esta red, no está claro con qué estándares se regiría.

La posible separación de esta línea de la RFIG ha hecho saltar las alarmas entre los sindicatos del sector ferroviario. El pasado 20 de enero tuvo lugar una reunión del Grupo de Trabajo de Rodalies en la que estuvieron presentes representantes del Ministerio de Transportes, la Generalitat y al Comité General de Empresa (CGE) tanto de Renfe como de Adif. Durante el encuentro, ninguna de las dos administraciones quiso trasladar más detallas sobre este posible movimiento escudándose en que era competencia de otra de las mesas formas para el traspaso, por lo que los sindicatos están analizando con detenimiento una situación que consideran muy grave. A su juicio, sacar la R1 de la RFIG supone incumplir los acuerdos de desconvocatoria de la huelga convocada por los sindicatos en 2023 precisamente para denunciar el riesgo de desmembración de Adif y Renfe por el traspaso de Rodalies. En aquellos pactos, se establece que no ocurrirá tal cosa y hay un compromiso de mantener la calidad, seguridad y la infraestructura.

El CGE, integrado por Semaf, CC OO, UGT, CGT y SF; también advierte de que tal paso también incumple desde su punto de vista los compromisos de interoperabilidad europeos, pues las instalaciones de seguridad se han financiado con fondos europeos para este fin.

Ante ello, los CGE tanto de Renfe como de Adif han solicitado una reunión al Ministerio de Transportes para exponerles su negativa a esta segregación de la R1 y su malestar por no estar siendo informados ni formar parte del traspaso de Rodalies.