La CE abre expediente a España por las emisiones de Volkswagen

El Gobierno responde que adoptó medidas como el veto a la matriculación de 2.000 vehículos.

El escándalo de los motores trucados de aún colea. Ayer el Ejecutivo comunitario decidió expedientar a siete países, entre ellos España, por no haber reaccionado convenientemente en cumplimento de las leyes europeas para penalizar y detectar el fraude. Bruselas ha emitido una carta de emplazamiento, el primer paso dentro del procedimiento de infracción, en la que solicita a los países concernidos (Alemania, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa) la información suficiente en un plazo de dos meses. Si Bruselas no está satisfecha con esta petición, puede ir más allá y el caso podría desembocar en multas multimillonarias.

En el caso de Alemania, España, Reino Unido y Luxemburgo, los países que homologaban los modelos de Volkswagen para su comercialización en el mercado único europeo, la Comisión Europea sospecha que no han aplicado las sanciones previstas después de que, en septiembre de 2015, Estados Unidos detectara que la empresa alemana estaba utilizando un software ilegal, con el que manipulaba las pruebas de laboratorio a las que debían someterse los vehículos. Bruselas tampoco oculta su enfado con Berlín. Considera que tanto Alemania como Reino Unido no están colaborando con las autoridades comunitarias, para aportar luz a lo sucedido. Según el comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario, los dos países se han negado a revelar «toda la información recolectada en investigaciones nacionales».

Las prácticas fraudulentas se convirtieron en un escándalo político de primer nivel por varios factores: la brecha que separa el severo comportamiento de las autoridades estadounidenses frente a la laxitud europea, el golpe la credibilidad de club europeo en su cacareado compromiso con el medio ambiente y el fuerte simbolismo de poner en la picota a una empresa icónica del poderío industrial alemán.

Esta falta de información ejemplifica precisamente la impotencia de Bruselas para atajar y prevenir el problema, ya que la capacidad de supervisión sigue recayendo en las autoridades nacionales sin ningún organismo europeo con poder directo sobre el sector. La Comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, recordó ayer en un comunicado que las capitales europeas deben disponer de un sistema de sanciones «efectivo, proporcionado y disuasivo», y pide explicaciones a Grecia, República Checa y Lituania por no haber introducido en sus respectivos ordenamientos jurídicos la legislación europea.

La defensa de España

España abrió un expediente sancionador a la Empresa SEAT, S. A. en aplicación de la normativa más estricta que permite la actual lesgislación y fue uno de los pocos países que, desde el momento en que se conocieron los hechos, prohibió la matriculación de los vehículos afectados que se encontraban sin matricular, medida que afectó a unas 2.000 unidades. Además, España ha respondido a todos los requerimientos que hasta el momento ha solicitado la Comisión y ha remitido toda la información demanda por parte de Bruselas, así como la colaboración activa en los grupos de trabajo que han tratado este asunto. Por su parte, nuestro país,no se niega a cooperar con la Comisión Europea y el resto de Estados miembros, de manera transparente, y con el propósito siempre de buscar soluciones, según fuentes del Gobierno.