La opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell ha removido esta semana los cimientos del sector bancario español desde que el jueves la entidad que preside Carlos Torres lo comunicó a la CNMV. Pasado el vértigo que provocó el sorprendente paso dado por BBVA, los números se imponen y clarifican qué sería el gigante bancario que saldría de la fusión. En la rueda de prensa ofrecida para explicar la operación, el presidente de la entidad se limitó a destacar las cifras globales que avalan su decisión de ir adelante con la fusión pese a la negativa de Sabadell, porque supondría la creación de un gigante financiero con 986.924 millones de euros en activos, lo que le colocaría en segunda posición en España tras CaixaBank y sería el tercer banco de Europa, después de BNP Paribas y el Santander, con una capitalización próxima a los 70.000 millones. Juntos habrían ganado en los tres primeros meses del año más de 2.500 millones. Además, contaría con una plantilla de casi 135.500 empleados y una red de 7.115 oficinas.

Y en este punto es en el que saltan la primeras alarmas, ya que tanto la plantilla como el número de oficinas se verían reducidas. Así lo reconoció el propio Carlos Torres cuando afirmó que «habrá despidos en un primer momento, pero siempre desde el diálogo y sin medidas traumáticas». Todos los analistas y expertos consultados por LA RAZÓN coinciden en que «es una simple cuestión de operatividad y duplicidades, como pasa en este tipo de operaciones. El sector bancario ha hecho una gran reestructuración durante la última década y seguirá haciéndolo. En este caso, se verían reducidos en una proporción aún por determinar».

En esta fusión, ambas plantillas sufrirían ajustes, pero sería la del Sabadell la que tendría que asumir la mayor pérdida. Con cifras de cierre de 2023, el banco con sede en Alicante aportaría a la nueva entidad una plantilla de 19.213 personas, 13.441 de ellas en España, y 1.414 oficinas. Según las mismas fuentes, al menos un tercio de sus trabajadores tendría que salir, lo que equivaldría a entre 4.000 y 5.000 empleados. Y por las palabras de Torres, los de BBVA también asumirían una parte de las salidas. «Seremos un grupo con un enorme potencial, con mayores oportunidades de crecimiento profesional, basadas en la competencia y el mérito», defendió.

En cuanto a las sucursales afectadas, los analistas tienen más dudas, ya que dependerá de la estrategia comercial que quiera seguir la nueva corporación, pero no serán menos de 400 las que echarán el cierre, aunque otras fuentes apuntan a que la cifra podría subir a las 600.

La última gran fusión en el sector financiero español –amistosa y con los parabienes del Gobierno– fue la de CaixaBank y Bankia, en septiembre de 2020, que se formalizó en marzo del año siguiente y dio a luz a un gigante bancario que hoy lidera el sector en España. En julio de 2021 se acordó un ERE que afectó a 6.542 personas y que se cubrió íntegramente con bajas voluntarias, prejubilaciones desde los 52 años y sin despidos forzosos. Eso sí, la entidad tuvo que afrontar un coste para sus arcas de 1.884 millones.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, en la misma rueda de prensa ya advirtió de que «la escala se está volviendo más y más importante para la banca comercial. Y eso se debe a que los costes fijos crecen cada día». El primer ejecutivo del banco puso el ejemplo de la digitalización, que «si bien rebaja los costes operativos, se trata de un coste fijo, al tener que tener una app con las mismas funcionalidades independientemente del volumen de clientes que se tenga». En el mismo sentido, Torres abundó en que se tendrán que «hacer esfuerzos adicionales» para que se perciba el compromiso de «crear valor» con todos los territorios en los que opera Sabadell, «y cualquier decisión que se tome se hará siempre desde el consenso y el diálogo».

Pero los sindicatos no se lo creen. Tanto CC OO como UGT han mostrado estos días su «máxima preocupación» por las posibles consecuencias laborales de la opa, en un momento en que «hace falta más gente trabajando en los bancos para acelerar el relevo generacional del sector». Aunque de momento no se conoce la cifra de trabajadores que podrían verse afectados por esta nueva fusión, los sindicatos ya han advertido de que no admitirán medidas forzosas, y «menos en estos momentos en los que ambas entidades han presentado unos beneficios récord» para 2023 y el primer trimestre del 2024. «No permitiremos que sean las plantillas quienes paguen siempre las fusiones».

El Gobierno ha mostrado igualmente su rechazo a esta operación y su preocupación por las consecuencias laborales de esta fusión, sobre todo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha avisado al presidente de la entidad de que este movimiento de concentración bancaria provocará «unos efectos muy perniciosos en la economía porque va a perjudicar y mucho el empleo y la economía de las familias. No permitiremos que vuelvan a pagar siempre los trabajadores».

Desde el PP, también se han levantado voces en contra de la fusión y de la pérdida de empleo, sobre todo desde la Comunidad Valenciana. Su presidente, Carlos Mazón, cree que esta operación «destruye valor, trabajo, territorio y competencia» y, además, va «en contra de «Alicante», en cuya capital se halla la sede social del banco, en la que trabajan 500 personas entre los distintos departamentos del Sabadell, y cuyos empleos estarían en peligro al haber confirmado BBVA que la sede se trasladaría a San Cugat del Vallés.

De momento, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) analizará la queja planteada en la noche del jueves por el Banco Sabadell en torno a la información que el BBVA aportó este jueves sobre su opa. El Sabadell remitió una comunicación a la CNMV en la que señala que la documentación sobre la operación suministrada por el BBVA y la información ofrecida en la reunión con analistas vulneran la legislación sobre opas e «introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado».

La intención del Sabadell es que BBVA informe al mercado sobre la identidad de los accionistas relevantes que, según desveló anteayer el presidente de esta entidad, Carlos Torres, habrían mostrado expresamente su interés en acudir a la opa hostil formulada por el banco de origen vasco. En cualquier caso se trata de una operación cuyo resultado no se conocería, según confirmó Torres, hasta dentro de un plazo de seis a ocho meses, y no culminaría hasta pasado más de un año. La «guerra» en la banca va para largo.