Poco duró la alegría en el seno del Gobierno. Tras la apoteosis sanchiana de Davos, donde nuestro presidente es considerado por el transhumanista Schwab como el “artífice del milagro español”, llegó el jarro de agua fría de Bruselas, poniendo en cuarentena la reforma de la malversación. Curioso porque Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los iconos nacionales del globalista Foro Económico Mundial, junto a Macrón y el canadiense Trudeau. El WEF elogia a quienes más y mejor ejecutan sus postulados en favor de las recetas 2030 sobre emergencia climática, energías verdes, pandemias, implantación de la Inteligencia Artificial (IA) y salario mínimo universal. Hay que reconocer que en tales materias Sánchez es un alumno aventajado, cualidades que le reconocen también los megamillonarios Soros y Gates. Pero esa muy trabajada fama se viene abajo cuando la UE pone la lupa sobre la letra pequeña de la gestión económica del Gobierno. Primero fue la alemana Mónica Hohlmeier, que nos sacó los colores al decir textualmente que “no tenía ni idea” de que estaba haciendo nuestro Ejecutivo con los 40.000 millones de los Next Generatión que nos tocaron en suerte. Tras esta severa crítica a la falta de transparencia en las cuentas, ha sido el comisario Reynders quien ha dicho que la rebaja de la malversación puede colisionar con la normativa europea. Aminorar las penas en los casos de desvío de dinero público que no implican enriquecimiento personal es como animar al uso ilícito del presupuesto, y dado que parte de ese presupuesto proviene de fondos europeos, la Comisión entiende que es competente para intervenir. Más que un aviso.