Pocas veces un refrán ha venido tan al caso como ahora viene el de «solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena» para ilustrar la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas que arrastra España en los últimos años y que la DANA que asoló parte de Valencia hace unas semanas ha puesto al descubierto de forma tan destructiva y dramática.

Desde hace años, el sector de la construcción ha denunciado la caída en picado de la inversión en unas infraestructuras que resultan cruciales no sólo para garantizar la transición energética sino también para prevenir desastres como los provocados por la DANA.

La patronal de las grandes constructoras (Seopan) asegura en sus últimos cálculos que las administraciones públicas no llegaron a licitar ni la mitad de las inversiones que estaban previstas en los dos ciclos del agua previos al del periodo 2022-2027. Concretamente, y según sus datos, en el que abarca de los años 2009 a 2015 se licitaron el 48% de las inversiones programadas, mientras que en el que va de 2016 a 2021, el porcentaje fue más limitado, del 40%.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) calcula que el agujero en la inversión en obras de regulación en los anteriores planes hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos como las DANAS. Según sus datos, un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos.

Ni un solo euro de las ayudas de los Fondos Next Generation está destinado a construir este tipo de infraestructuras

El problema, además, es que, según Seopan, al ritmo que avanzan las licitaciones, tampoco será posible alcanzar los objetivos marcados en el Plan Hidrológico 2022-2027. Al ritmo de licitación de 2022- 2023, de 2.758 millones de euros al año, en 2027 se licitará el 43,6% de las inversiones del plan, según sus cálculos. Para llegar al 100%, se necesitarían licitar 8.105 millones al año entre 2024 y 2027, tres veces más que la licitación anual de 2022-2023. Sólo para licitar las inversiones de naturaleza básica, de 18.919 millones de euros, se requeriría licitar adicionalmente 400 millones más al año, añade la patronal.

¿Por qué el agua, en un país con ciclos de lluvias torrenciales como los de la DANA y de sequías como las de los pasados años, no ha constituido una política inversora prioritaria?

Para Juan Valero, presidente de Fenacore, una mezcla de estrecheces presupuestarias y ambientalismo a su juicio mal entendido están detrás de ello. «Hay problemas presupuestarios. Tenemos, por ejemplo, 1.300 presas en toda España que requieren de una importante inversión para mantenerlas de acuerdo a su normativa de seguridad», explica Valero.

Los embalses le sirven al presidente de Fenacore para enlazar con el espinosos problema de las políticas ambientales. En su opinión, se trata de una de las infraestructuras más demonizadas cuando, en su opinión, «en España, son necesarias por la irregularidad de las lluvias. Y con el cambio climático más, porque laminan las inundaciones y regulan el agua». El 80% de lo que consumimos, añade, viene de las presas. Y sin embargo, lamenta, están en el punto de mira por cuestiones ambientales a pesar de que en la reciente DANA, han demostrado su eficacia. Valero recuerda, por ejemplo, que la presa de la Forata, pese a tener sólo una capacidad de 38 hectómetros cúbicos, recibió casi 2.000 metros cúbicos por segundo, «pero logró parar la avenida de agua, reteniendo 1.100, logrando así minimizar los daños». Por eso, lamenta que embalses como los de Cheste, Marquesado o Montesa, cuya construcción estaba contemplada en anteriores planes hidrológicos, no se hayan levantado y se hayan eliminado de las planificaciones y urge, a su vez, a construir los 27 que recogen los planes hidrológicos vigentes, aprobados por el Gobierno en 2023.

Pero, como dice Valero, no se trata sólo de las presas, sino que los reparos ambientales también afectan a cuestiones como la limpieza de cauces. «La Vega Baja del Segura, por ejemplo, está llena de cañas por unas inundaciones que hubo hace diez años. Pero no se pueden limpiar. Y como haya otra inundación, obturarán los ojos de los puentes, los arrollarán y causarán daños muy graves», avisa.

Pedro Fernández-Alén, presidente de la Comisión Nacional de la Construcción (CNC), también es partidario a este respecto de «una política recurrente de limpieza de cauces. Creemos que su buen estado evitaría en gran medida lo que está ocurriendo con independencia de encauzamientos o presas que hay que acometer de manera urgente», explica Fernández-Alén.

Desde la CNC también llevan años reclamando «un plan hidrológico nacional que no sólo acometa las obras necesarias para evitar sequías sino también los efectos producidos por situaciones como la DANA».

«Hace falta invertir en obras hidráulicas», insiste Valero. «Y ha habido muchas razones ambientales que las han frenado. Pero si sólo priorizas este aspecto, no habrá ningún análisis que soporte proyecto alguno», explica. Hay, según Valero, que analizar el coste-beneficio de construir ciertas infraestructuras y las vidas humanas y los daños que puedan evitar. «El desastre natural provocado porque en cuatro horas caiga la misma lluvia en una zona que en todo un año hubiera sido inevitable. Pero debemos trabajar para minimizar los daños», remata.

Para sacar fondos con los que paliar este déficit inversor, desde Fenacore sugieren destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrológicos. Seopan también cree que deberían usarse parte de los Fondos Next Generation aportados por la UE a la construcción de estas infraestructuras pues no hay previsto ni un euro.