El peaje para entrar en las zonas de bajas emisiones de las ciudades costará como aparcar en un parking público

Los ayuntamientos que lo deseen podrán cobrar por circular por las zonas de bajas emisiones (ZBE). Así lo ha dispuesto el Gobierno en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros y ahora en trámite parlamentario con el objetivo de aprobarse definitivamente a lo largo de 2023.

La futura tasa que los ayuntamientos podrán crear para cobrar a los vehículos que accedan a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las ciudades tendrá un precio similar al coste de aparcar en un párking público en ese mismo municipio.

No obstante, la creación de este nueva tasa es opcional y los ayuntamientos no estarán obligados a aplicarla. De hecho, los municipios ya se han opuesto al considerar que dar la opción de pago por contaminar más no es coherente con los objetivos de sostenibilidad que se persiguen.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha alegado en contra de esta tasa: “Las zonas de bajas emisiones pretenden adecuar la circulación de vehículos privados por motivos medioambientales, materia en la que no cabe el principio de que se puede contaminar, pero pagando”.

Así, los municipios prefieren aplicar otras medidas como establecer moratorias horarias, de días o por episodios de contaminación atmosférica o una combinaciones de todas, prohibiendo la entrada a las ZBE excepto en ciertas ocasiones, pero sin tener que pagar.

También argumentan que el establecimiento de la tasa por contaminar “generará a los alcaldes y a su gobierno una conflictividad social innecesaria”. “La creación de nuevas tasas es una materia muy problemática porque conlleva un cierto grado de inseguridad jurídica”, añaden en sus alegaciones.

Aunque la tasa no es obligatoria, la creación de las ZBE sí lo será. De hecho, la Ley de Cambio Climático de mayo de 2021 establecía que, antes de 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tendrían que crear zonas de bajas emisiones, lo que afecta a unas 150 ciudades.

Una de las tasas más famosas en el mundo para acceder al centro de la ciudad es la de Londres, ya que se aplica desde el año 2003. Actualmente cuesta 15 libras (17 euros), aunque hay descuentos del 90% para residentes y otros para vehículos eléctricos, que en este último caso desaparecerá en diciembre de 2025.

La posibilidad de cobrar peajes de este tipo, como ya informó LA RAZÓN en su edición del pasado 20 de noviembre, ya venía recogida en el documento «Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones»del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera. En su apartado de «Criterios de acceso y circulación», el documento asegura que «el acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede además varias en función de las condiciones del vehículo, en función del principio quien contamina, paga».

La estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para expulsar a los vehículos de las ciudades no pasa solo por la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), sino también por encarecer el coste de aparcar en las ciudades. En los criterios de aparcamiento de las Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones, se asegura que, como en el caso de los peajes de acceso a las ciudades, “el sistema de estacionamiento regulado puede constituirse como una herramienta eficaz para reforzar la implementación de una ZBE”. El Departamento que dirige Teresa Ribera, al respecto de cómo implantar estos sistemas de aparcamiento, sugiere a los ayuntamientos que “se puede plantear una tasa o impuesto anual de elevada cuantía para permitir estacionar en la calle”.