Una decena de países liderados por España bloquea la “Ley Rider” europea por considerar que rebaja derechos

España lideró el bloque de 10 países que este jueves 8 de diciembre bloquearon el acuerdo sobre una “Ley Rider” europea por considerar que el marco común para los trabajadores de plataformas que recogía la última propuesta para el acuerdo a 27 suponía una reducción de los derechos laborales.

Junto a España, rechazaron la propuesta Alemania, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía. Una negativa que, según fuentes diplomáticas belgas, “no va a cambiar”, lo que hará “difícil alcanzar un acuerdo”, ya que consideran que el texto no es suficientemente ambicioso ni protector.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se mostró firme a la hora de exigir que el elemento central de la directiva sea la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas. “Queremos una presunción de laboralidad fuerte, clara, sin derogaciones, sin excepciones”, insistió la ministra, quien recordó que la primera propuesta realizada por la Comisión Europea así lo reflejaba, basándose en la conocida como “Ley Rider” española, y que ahora se ha “devaluado” en el nuevo texto presentado por la presidencia checa del Consejo. Por ello, la vicepresidenta pidió a sus homólogos de los otros 26 países de la UE que se fijen en la “Ley Rider” española para establecer una norma similar a nivel comunitario.

Díaz lamentó lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses, ya que el Gobierno se sentía cómodo con la propuesta de Bruselas, por lo que trabajará para regresar a ese punto inicial en un debate en el que España liderará una posición contraria a la supuesta devaluación de derechos de los “riders” que respaldan Bélgica, Eslovenia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

La ministra de Trabajo española también se ofreció a trabajar con las autoridades suecas, que en el próximo mes de enero asumirán la presidencia rotativa de los Veintisiete, para configurar una directiva “que suponga un verdadero avance hacia la Europa social que pide la ciudadanía europea”.

Hasta en tres ocasiones han debatido sobre sus posiciones los ministros de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la UE antes de proceder a votar un texto que ha sido modificado con enmiendas tras el almuerzo y que ha sido finalmente rechazado al no alcanzar la mayoría cualificada necesaria para salir adelante.

Sin embargo, frente a la firme oposición la minoría de bloqueo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de República Checa, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, Marian Jurecka, ha señalado que cree que el acuerdo está “muy cerca” porque “hoy ha faltado muy poco” y se ha revelado “optimista” por “las personas que necesitan esta regulación”. Asimismo, ha valorado la “paciencia y esfuerzos” de los ministros y ha lamentado que “a pesar de los esfuerzos”, no hayan conseguido llegar a un acuerdo de mayoría cualificada en el expediente de trabajadores de plataformas.

En la misma línea el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, ha reconocido que se trata de un tema “muy complejo” pero ha apuntado “progresos importantes” que, a su juicio, pueden permitir llegar al acuerdo “en los próximos meses”.

Los cabos sueltos de la “Ley Rider” española

El comportamiento de las plataformas de reparto en el último año evidencia que la falta de concreción en la “Ley Rider” está consiguiendo el efecto contrario para el que fue formulada. La presunción de laboralidad de la norma no obliga directamente a contratar, ya que precisamente deja espacio para que los autónomos reales puedan existir. El problema llega cuando, tras la entrada en vigor de la ley, el 12 de agosto de 2021, las plataformas se adaptan a ella cambiando la operativa de sus aplicaciones para, bajo su criterio, esquivar la presunción de laboralidad. Así, empresas como Glovo o Uber Eats siguen trabajando con autónomos y están usando la propia “Ley Rider” para blindarse ante la ausencia de unos criterios concretos con los que determinar en qué casos el repartidor es autónomo o asalariado. Esta es una de las principales carencias que vendrá a suplir la directiva europea del trabajo en plataformas digitales. No obstante, hasta que esta se apruebe y hasta que la Inspección de Trabajo analice el nuevo modelo de Uber Eats, puede pasar más de un año. Solo hay que tomar como referencia la multa a Glovo por 79 millones de euros, publicada este mes de septiembre, pero cuyo periodo de análisis va desde el año 2018 hasta el 11 de agosto de 2021, antes de la entrada en vigor de la “Ley Rider”.