Un ex directivo del BBVA se queja al juez del esfuerzo “inhumano” de revisar 110.000 correos del banco

El ex directivo del BBVA Antonio Béjar, imputado en la pieza del “caso Villarejo” en la que se investigan los encargos de la entidad bancaria al comisario, se ha quejado a la Audiencia Nacional por el “esfuerzo inhumano” que le acarrea consultar en la sede el tribunal los más de 110.000 archivos -sus correos corporativos y agendas- que reclamó para poder defenderse y que fueron aportados a regañadientes por el banco.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa del ex presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) -que ejerce el abogado Javier Gómez Bermúdez, ex juez de la Audiencia Nacional- asegura que llevar a cabo esa tarea en sede judicial “es prácticamente imposible” dado que “no puede estar meses y meses yendo al juzgado a diario, pues tiene que trabajar”. Razón por la que reclama que se le facilite una copia de los mismos “para su examen fuera de la sede judicial”.

Según explica, se ve obligado a “tomar nota a mano y a pasar largas horas en condiciones precarias con el consiguiente perjuicio para su salud”. Y pone de testigo a la funcionaria del juzgado “que está con él en todo momento”.

Las condiciones que puso el juez

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se opuso a la pretensión de Béjar de que el BBVA le facilitara sus correos corporativos y agendas correspondientes al periodo en el que trabajó para el banco, pero finalmente la Sala de lo Penal obligó al instructor a poner esos archivos a disposición del ex directivo y garantizar así su derecho de defensa.

Eso sí, a instancias de la entidad -que esgrimió que la mayor parte no guardan relación con los hechos investigados y se quejó de que su difusión podía afectar a terceras personas-, el juez determinó que Béjar podía consultar esos archivos presencialmente, sin posibilidad de realizar copia alguna. Y es que el BBVA había advertido del riesgo de que se filtrase su contenido.

En esas condiciones, y teniendo en cuenta además “los defectos técnicos de los archivos digitalizados aportados” -protesta su abogado- resulta “prácticamente imposible la labor de examen y deja prácticamente sin contenido el acceso dado”. Además, duda de que el banco haya facilitado a la Audiencia “todos los correos enviados y remitidos” entre los destinatarios autorizados por el instructor, “ya que la extracción ha sido realizada por el propio BBVA, persona jurídica investigada en la causa, sin intervención judicial”.

Tras enumerar las deficiencias técnicas que le impiden acceder con normalidad a esos archivos, su abogado se queja de que la obligada presencia de un funcionario durante la lectura de los correos “imposibilita la comunicación abogado-cliente con la necesaria confidencialidad, además de que el letrado no puede estar todos los días leyendo los correos en sede judicial, lo que genera indefensión”.

De ahí que considere imprescindible que el juez autorice la entrega de “una copia de todos los correos y agendas aportados” para que Béjar “pueda examinarlo fuera de la sede judicial, repartiendo el trabajo con sus abogados y teniendo pleno asesoramiento técnico”.

“Medios técnicos” para evitar filtraciones

Además, el letrado rechaza que se pueda mantener la medida con el argumento de evitar la difusión de esos correos. “A finales de 2021 no puede concebirse -asegura- que si lo que se trata impedir es que los correos vayan a manos de terceros, no existan medios técnicos para controlar esa posibilidad y conocer al filtrador que, garantizamos, nunca seremos nosotros, como hemos demostrado a lo largo de todo el proceso”.

En el “caso BBVA” está investigado por delitos de cohecho, revelación de secretos y administración desleal el ex presidente de la entidad Francisco González por los encargos de la entidad bancaria al ex comisario entre 2004 y 2017 -entre cuyos objetivos estaba el presidente de Ausbanc Luis Pineda-, por los que el banco desembolsó 10,2 millones de euros.

Francisco González aseguró al juez que fue el entonces jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano (también imputado) quien propuso la contratación de Cenyt. En primer lugar, a finales de 2004 tras el fallido intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco. Y, después, en 2010, en plena crisis inmobiliaria, para investigar los activos ocultos de inmobiliarias morosas.

Y aunque admitió que dio su autorización para que contratara a Cenyt, dijo que no supo nada más del asunto porque se trataba de un tema «absolutamente menor». «A mí no me llega nada de contratación –puntualizó–, nada de facturas, esas cosas no llegan al presidente. A mí me llegan temas que son más o menos de 50 millones de euros para arriba”.