Las economías a nivel mundial han sufrido una caída notable durante los últimos años a raíz de la pandemia, teniendo un gran impacto en las grandes empresas, pero sobre todo en los negocios más pequeños.

La caída de la facturación de estas compañías ha lastrado su recuperación, llevando a muchas a un cierre indefinido, generando una situación sumamente grave para el propio negocio, así como para el colectivo de autónomos.

No obstante esta no es la primera vez que el autónomo tiene que cargar con todas las deudas que ha dejado una empresa, sino que este colectivo ya quedó atrapado en este laberinto sin aparente salida en la crisis de 2008.

Sin embargo, la Ley de Segunda Oportunidad cambiará la suerte de los particulares y autónomos que se encuentren en una situación financiera crítica, ya que estos podrán conseguir una exoneración de todas sus deudas, para que así el profesional pueda empezar una nueva actividad laboral.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

Esta herramienta que entró en vigor en el año 2015, es la vía por la que los autónomos que han tenido que cerrar su negocio puedan librarse de pagar las deudas frente a los acreedores, ya que permite al trabajador que se cancelen deudas públicas, la exclusión de la responsabilidad del avalista, detener los embargos y el devengo de intereses, así como proteger los bienes correspondientes a la actividad empresarial.

Asimismo, esta norma ofrece una serie de ventajas de las que se pueden beneficiar estos autónomos que tienen una situación financiera crítica. En primer lugar, la ley permite la cancelación de hasta el 99% de la deuda a través de las quitas, y además facilita a la persona al pago de la deuda retrasando su ejecución. Del mismo modo, otras de las ventajas es que la cesión de bienes o derechos permite convertir la deuda, capitalizarla o satisfacerla.

Requisitos para acceder a esta ley

No obstante, con esta ley no sólo se ofrecen grandes ventajas, sino que también el autónomo debe cumplir con una serie de requisitos. El principal de estas obligaciones consiste en haber actuado de buena fe e intentar haber llegado a un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda.

Asimismo, a esta obligación se le suman otro conjunto de requisitos. El autónomo no debe haber cometido delitos socioeconómicos en los últimos 10 años ni haber recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad en los cinco años anteriores. Además, estas personas no deben haber provocado ni empeorado la insolvencia.

Tras cumplimentar esta serie de requisitos previamente descritos, el autónomo podrá acceder a un proceso de renegociación de la deuda, no obstante, en el caso de que este proceso no saliese como esperado, esta persona podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, cancelando de esta formas las deudas que hayan quedado impagadas.