El pasado mes de julio se aprobó un decreto para reducir la temporalidad en el sector público que libraba de hacer oposiciones a los interinos desde hace más de 10 años. Esta medida, impulsada por Miquel Iceta, se aprobó por un voto de diferencia y suponía que aquellos que llevaran más de 10 años ocupando una plaza nunca convocada, no tendrían que opositar, adjudicándose las plazas por una valoración de méritos. Ahora, Unidas Podemos quiere más.

El partido morado ha solicitado a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, que esta medida afecte a cualquier interino que lleve más de tres años en su puesto. A través de un comunicado, Podemos ha explicado que el diputado Pedro Honrubia ha sido el encargado de mandar una carta a Montero donde le reclama mejoras en el proyecto de ley de interinos, que comenzará a tramitarse la semana que viene en el Congreso de los Diputados y que, según el diputado “servirían para avanzar en lo que debería ser la principal motivación de la normativa: reducir las altas tasas de temporalidad existentes”.

Y es que dentro de estas mejoras propuestas, entraría la de rebajar de 10 a 3 los años que deben llevar los interinos de las administraciones públicas que ocupan una plaza estructural que nunca ha sido convocada para que se les adjudique dicha plaza sin tener que pasar una oposición, apostando por una valoración de méritos. La formación morada ha defendido que los trabajadores que hayan sufrido un abuso de la temporalidad no deben además “sufrir un perjuicio todavía mayor a causa de tan necesaria, urgente y oportuna pretensión”.

Mejoras adicionales

Otra petición está relacionada con las indemnizaciones: Podemos quiere que la indemnización a los interinos que no logren plaza sea la misma que la de un despido improcedente. Esto es, 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, mientras que la normativa actual recoge 20 días por año hasta un máximo de 12 mensualidades. Por otra parte, también piden que el proyecto de ley recoja, de manera explícita, que se trata de la transposición de la directiva europea sobre trabajo temporal, lo que ayudaría a “justificar el carácter de excepcionalidad que el Derecho español exige para que sea legalmente válida la aplicación de algunas de las modificaciones ya pactadas previamente”.