Cada vez son más las familias con problemas para abonar la cuota mensual de su hipoteca. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus, las ejecuciones hipotecarias -embargos- de viviendas habituales iniciadas en los registros se dispararon en el segundo trimestre del año un 253,2%, hasta las 3.243, la cifra más alta de los últimos cuatro años, según los datos publicados ayer por el INE. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 60,4% del total de los embargos durante el periodo y el 33,2% del total son viviendas habituales de personas físicas.

«Las personas están pasando dificultades para afrontar el pago de las hipotecas», ha señalado esta misma semana en un comunicado Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda. «La onda expansiva de la Covid-19 va aumentando su radio mes a mes y las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales están subiendo con fuerza», explica Vives. Y a los préstamos que más está castigando es a los firmados durante la época del «boom» inmobiliario. Según la estadística, el 45,9% de los embargos corresponde a hipotecas inscritas en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Con especial incidencia en 2007, que acumula el 16,5%.

Tipos en máximos

En estos cuatro años, el sector inmobiliario experimentó un vertiginoso crecimiento tanto en sus precios como en costes financieros. Fue entonces, en concreto, en julio de 2018; cuando el euribor, al que están referenciados la mayoría de préstamos hipotecarios, escaló hasta el 5,393%, su máximo histórico. Y son esas hipotecas las que ahora más cuesta pagar a sus titulares.

Un procedimiento de ejecución hipotecaria no tiene que acabar en un desahucio. «Mediante una ejecución hipotecaria, se ordena la venta de un bien inmueble gravado con una hipoteca por morosidad del deudor», explica Vives. El mecanismo es «un paso que ejerce el prestamista para reclamar la propiedad», acción que puede acabar en un acuerdo para ponerse al corriente de pagos o dar la casa en dación de pago o, de no darse estas situaciones, acabar en desahucio.

Si bien el experto considera que no son términos iguales, estos datos «pueden ser un indicador de un futuro aumento de los desahucios», a pesar de que actualmente los desahucios están «paralizados si se acreditan especiales condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la Covid-19». El Gobierno acordó a finales de julio prorrogar hasta el 31 de octubre la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. La medida quedará también recogida en la futura Ley de Vivienda que negocian ahora PSOE y Podemos. De hecho, y dado que en esta cuestión sí hay acuerdo, su intención era desgajarla de la negociación de esta norma y plasmarla en un decreto-ley permanente hasta que las conversaciones sobre la Ley de Vivienda, que están resultando muy tortuosas, fructifiquen. Pero finalmente, el Ejecutivo optó por otra prórroga temporal de la suspensión.

Peligro de alud de desahucios

Esta acumulación de suspensiones hace temer a algunos que en los próximos meses, cuando se recupere la normalidad, se vaya a producir una avalancha de desahucios. Entre 2013 y 2019, en España se realizaron una media de 36.210 desahucios por impago del alquiler anuales, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el pasado año, con las suspensiones, la cantidad cayó hasta los 21.141. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula que si a los datos de 2020 se le suman ahora los primeros seis meses de 2021, habría que añadir otros 35.000 procesos de desahucio paralizados por el estado de alarma, más los que se generen en las prórrogas después aprobadas. Por ello, desde la ANA se temen que más de 50.000 procedimientos de desahucio colapsen los juzgadosuna vez se levanten las restricciones.

Adicae pidió ayer una moratoria legal de dos años a los embargos y ejecuciones hipotecarias, y exigió «nuevamente» a la banca «que no se aproveche de la vulnerabilida de los consumidores», al tiempo que instó al Banco de España que vigile la evolución de los préstamos hipotecarios.