El Gobierno estudia vías para evitar una oleada de 79.000 desahucios

El 9 de agosto vence la moratoria aprobada por el Gobierno para proteger de los desahucios a aquellos colectivos más vulnerables sin alternativa habitacional. Y, si no se articula algún mecanismo protector alternativo, 79.000 familias corren el riesgo de verse en la calle, según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Para que esto no ocurra, el Ejecutivo «está analizando qué alternativas se pueden adoptar a partir de ese momento», explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que no confirmaron si para ello se va a prorrogar la moratoria o se va a optar por un real decreto que proteja de forma permanente a estos colectivos.

Esta fórmula, la de un blindaje definitivo a partir del 9 de agosto, era que tenía el cartera el anterior ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Según anunció en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de junio, lo que iba a hacer el Mitma en lugar de aprobar otra prórroga era adoptar una medida de carácter duradero que estableciese las condiciones para proteger a los más vulnerables en esta cuestión. Para ello, su intención era desgajar en un nuevo decreto el contenido de la Ley de Vivienda referido a la protección contra los desahucios de los colectivos vulnerables sin alternativa habitacional hasta que esta norma sea definitivamente aprobada. De esta manera, el Mitma podría dar protección de carácter estructural a estas familias sin tener que esperar a la aprobación de la Ley de Vivienda, cuya negociación sigue atascada por las diferencias entre el Partido Socialista y Podemos por lo relativo a la intervención de los precios de los alquileres.

No obstante, desde Transportes, al ser cuestionados sobre la posibilidad de una nueva prórroga, dejaron las puertas abiertas con un escueto «se están estudiando alternativas».

Presión de Podemos

Desde Podemos son partidarios de extender las medidas de protección actualeshasta finales de año. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se mostró el miércoles partidaria de ampliar hasta entonces el denominado «escudo social» de protección a las familias vulnerables, que prohíbe los desahucios y cortes de suministros.

En declaraciones en el programa «Las cosas claras» de TVE, Belarra apostó por redoblar los esfuerzos para llegar a todo el mundo con necesidad social. «El real decreto del Gobierno prohibía gran parte de los desahucios en España, era muy ambicioso, pero no todos los jueces están haciendo la interpretación que queríamos que se hiciera cuando aprobamos el decreto», lamentó. Para la ministra de Derechos Sociales, «la gente sigue necesitando el escudo social porque lo está pasando muy mal», por lo que planteó la prórroga de la protección hasta fin de año. “La situación de crisis económica y social sigue persistiendo y es muy importante que al mismo tiempo saquemos adelante esa Ley de Vivienda que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional” y que las comunidades autónomas, ofrezcan a estas familias vulnerables un alquiler social, dijo.

Belarra reconoció que es consciente de que Podemos “tiene un peso limitado” dentro del Gobierno y añadió que si la competencia de vivienda estuviera a su cargo, “ya tendríamos Ley de Vivienda hace tiempo”.