El Gobierno aprobará el martes el decreto antidesahucios con compensaciones a los propietarios

El decreto para prohibir los desahucios a hogares en alquiler sin alternativa habitacional “digna” hasta el 9 de mayo ha entrado en la recta final. Si no hay un terremoto de última hora, la norma se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado hoy en Valladolid que, aunque faltan por cerrar algunos flecos, el documento se va a abordar hoy en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Este órgano debe decidir si existe suficiente “consenso y claridad” sobre el texto normativo y, en caso de que los trabajos estén “maduros”, podría ir al próximo consejo o al siguiente si se cierra el consenso. No obstante, otras fuentes del Ejecutivo daban por seguro que se aprobará la próxima semana. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado a La Sexta que “acabamos de cerrar un acuerdo sobre la ley de los desahucios y vamos poquito a poco avanzando, como cualquier gobierno de coalición de Europa”.

De hecho, fuentes de Unidas Podemos confirmaron poco después a LA RAZÓN que, en efecto, la norma se aprobará el próximo martes. Desde la formación de Pablo Iglesias, se felicitaban de que su presión en esta materia ha surtido el efecto deseado. “Podemos ha logrado que el Consejo de Ministros apruebe la prohibición de todos los desahucios a familias vulnerables durante el estado de alarma”, han asegurado. La estrategia de la presión pública es a la que habitualmente recurre el partido morado con el fin de solucionar las discrepancias en el seno de la coalición. De hecho, han advertido de que continuarán con la misma hoja de ruta, con el fin de sacar al Gobierno las medidas de corte social que consideren vitales y que vean que en la negociación se atascan.

Aunque el decreto se ha retrasado sobre todo por la cuestión de si había que compensar a los grandes tenedores por permitir que sus viviendas sigan ocupadas mientras se encuentra una solución habitacional para los inquilinos, finalmente se han impuesto las tesis del ala socialista del Ejecutivo. Ábalos se ha mostrado partidario de compensar a los propietarios para evitar posibles problemas jurídicos. Unidas Podemos, aunque reconoce que se trata de una medida que no es de su agrado, la ha aceptado “para lograr que el decreto saliese adelante y nadie se quede sin techo durante el estado de alarma”, recalcan. Hoy mismo, en una entrevista con Europa Press, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, aseguraba que estas entidades tienen que “asumir una responsabilidad” al estar haciendo negocio “con un bien de primera necesidad” como es la vivienda.

Compensaciones

Eso sí, desde la formación morada puntualizan que estas compensaciones solo llegarán “en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico y que en ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado”. El borrador del decreto, filtrado desde el Gobierno al diario «El País», recoge una compensación a los propietarios de vivienda, tanto si el desalojo que se paraliza implica a un inquilino con contrato de arrendamiento o a una familia vulnerable que ocupa una vivienda sin título legal. Los requisitos para acceder a una indemnización serán más estrictos cuando el inquilino carece de contrato de alquiler. En todos los casos es el arrendador quien debe justificar su perjuicio y pedir una compensación, una vez que la administración hay sido incapaz de encontrar en tres meses una alternativa habitacional a las personas que van a ser desalojadas. La cuantía dependerá de los precios medios del mercado en la zona donde está el inmueble o, cuando haya contrato, de la renta si no es inferior a la media.

Respecto a la prohibición del corte de suministros para las familias vulnerables, que parece que quedará fuera del decreto, Belarra ha recordado que se aplicó en el primer estado de alarma por el Covid-19 y que la Vicepresidencia Segunda del Gobierno trató de extender durante la negociación para la prórroga del “escudo social” hasta el 31 de enero, pero entonces “no fue posible”. Fuentes de Unidas resaltan que el partido “no contempla que el decreto antidesahucios no incluya también la prohibición del corte de todos los suministros” y es por ello que presionan a Transición Ecológica para que “traslade una propuesta en estos términos cuanto antes”.